El cabildeo que encabezó la senadora Blanca Alcalá en su calidad de presidenta de la Comisión de Cultura con artistas, autores y gestores que acudieron al Congreso de la Unión dio resultado y obtuvo su aval para la creación de la Secretaría de Cultura, una de las iniciativas del presidente Enrique Peña Nieto más importantes para el segundo tramo del sexenio.

Además del PRI, también hay acuerdo con Acción Nacional, por lo que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para que este jueves sea sometida al Pleno de San Lázaro para su votación y enviada a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, Alcalá Ruiz tendrá la encomienda de “llevar a buen puerto” la propuesta de Peña Nieto que creará la Secretaría de Cultura, figura que suplirá al Consejo Nacional para las Culturas y las Artes (Conaculta) y que además contemplará artículos en los que se protegerán los derechos de los trabajadores, así como la operación de los institutos Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) para regirse por sus propias leyes.

Con esto, la ex alcaldesa de Puebla tendrá una proyección nacional antes de su inminente salida del Senado de la República para buscar la candidatura del PRI a minigobernador, que ya inició desde la cuarta semana de noviembre.

La propuesta peñanietista

La nueva Secretaría conducirá la elaboración, expedición y evaluación del Programa Nacional de Cultura; promoverá su difusión y desarrollo atendiendo la diversidad cultural y se encargará del diseño de estrategias, programas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura, la historia y las artes.

El dictamen establece que las secretarías de Educación y Cultura trabajarán coordinadas en el tema de la educación artística y se incorporan a la Secretaría de Cultura, Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Ayer, con 24 votos a favor de las fracciones de los partidos y el voto en contra de Nueva Alianza, el dictamen fue aprobado con modificaciones, como la eliminación del artículo quinto transitorio de la iniciativa presidencial que había sido cuestionado por distintos sectores (determinaba que en los 120 días naturales posteriores a la aprobación, la Secretaría de Cultura haría un diagnóstico de las funciones de los órganos desconcentrados —INAH, INBA y Radio Educación—, y de entidades paraestatales como Cineteca Nacional e Imcine).