Thursday, 25 de April de 2024

Lunes, 28 Marzo 2016 02:29

La estrategia de la victimización y la descalificación del árbitro electoral




Written by  Arturo Rueda

La truculenta historia de las firmas falsas de Ana Tere promete. ¿Cómo descubrió el IEE a esos supuestos ciudadanos de Acajete que no reconocieron sus firmas, denunciaron, pero luego se negaron a ratificar? ¿Ya hay peritajes caligráficos o nomás a ojo de buen cubero se le nota que son falsas?


A excepción del impresentable Juan Pablo Mirón Thomé, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral lo han hecho hasta ahora muy bien, aunque sin duda afrontarán esta semana su prueba de fuego al resolver dos temas candentes: el registro de Ana Teresa Aranda —que se tambalea luego de que se hallaron presuntas firmas falsas en los más de 200 mil apoyos que recibió— y el de Roxana Luna, a quien ya le quitaron más de 9 millones de pesos de gastos de campaña por irregularidades de su plataforma electoral. Decisiones difíciles porque ambas actrices políticas han tomado la desacreditación del árbitro como una de sus estrategias electorales una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) ha modificado varias de sus decisiones.

 

La credibilidad de los órganos electorales no es algo con lo que deba jugarse, pero el IEE y sus consejeros corren el peligro de quedar atrapados en el choque de trenes. La reforma política-electoral que creó los OPLES y eliminó la injerencia de los gobernadores en la conformación del IEE, en teoría, debió acabar con este tipo de señalamientos. Al final, este organismo electoral fue designado con el Consejo General del INE, y no por la mayoría morenovallista en el Congreso local. Y aun así, los partidos mantienen el discurso de que son “empleados del gobernador”.

 

La conformación del IEE-OPLE, en su momento, no fue defendida ni por el PRI ni por el PRD, pese a que Luis Miguel Barbosa logró colar a su prima Claudia Barbosa como consejera, y que al tricolor le fueron asignados dos asientos con Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo y José Luis Martínez López. Los otros cuatro, se dice, le pertenecen al régimen. Pero aquí viene el dato: la determinación de retirarle al PRD los más de 9 millones de pesos por errores en el registro de su plataforma electoral fue tomando por…. ¡unanimidad! Es decir, todos los consejeros estuvieron de acuerdo. ¿No es suficiente para darle legitimidad a la medida y acabar con el sospechosismo?

 

Más difícil luce lo de “La Doña”, pues Ana Teresa Aranda es una experta en tirarse al piso desde los años ochenta del siglo pasado, cuando sin la ciudadanía poblana pudo contender por la alcaldía y luego la gubernatura para que “no hiciera más escándalo”. Su firme voluntad de convertirse en candidata independiente le hizo reunir 223 mil firmas, casi 100 mil más de las que necesitaba para alcanzar la meta.

 

Pero ahora resulta que entre esos 223 mil apoyos hay firmas falsificadas, lo que conlleva un delito. Un delito, además, que ya fue denunciado ante la Fepade por el consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga, en un acto inédito para una figura de esa naturaleza. Nunca, que yo recuerde, un consejero presidente había acudido a una instancia de procuración de justicia a denunciar, pues eso siempre lo hacen los partidos políticos como parte de su show.

 

La truculenta historia de las firmas falsas de Ana Tere promete. ¿Cómo descubrió el IEE a esos supuestos ciudadanos de Acajete que no reconocieron sus firmas, denunciaron, pero luego se negaron a ratificar? ¿Ya hay peritajes caligráficos o nomás a ojo de buen cubero se le nota que son falsas?

 

Ayer, en su boletín nocturno, el IEE le mete más emoción porque afirma, que entre todas las irregularidades, también hay apoyos con folios de programas sociales. ¿Y eso está prohibido? ¿Cómo le hicieron para descubrir que los ciudadanos se encuentran inscritos en el programa?

 

¿Qué hizo Ana Tere para conseguir sus firmas de apoyo? ¿En verdad hay alguna ilegalidad o el Consejo General del IEE se está tirando al vacío pellejo? ¿Por qué, si algunos son empleados del morenovallismo, hasta el momento se ha votado todo casi por unanimidad y entre los propios consejeros no se evidencia un ánimo de ruptura?

 

Aquí alguien va a perder y mucho. O el Consejo General del IEE fundamenta y comunica a la perfección sus decisiones, o mediáticamente Ana Teresa Aranda —y Roxana Luna— les van a ganar la partida con su estrategia de victimización, aunque no necesariamente sean víctimas. La defensa de la legalidad puede salirle muy costosa al árbitro.

 

 

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