El regidor de Fomento Económico del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, confirmó que el Cabildo ya avaló un endeudamiento por mil siete millones de pesos para “salvar” del cargo a todos los integrantes, pero falta que lo apruebe el Congreso del Estado.

En entrevista, especificó que el último requerimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se dio el pasado 7 de marzo para que el gobierno de Rafael Núñez cumpla con el pago de más de 600 millones de pesos a los dueños del predio que actualmente se usa para tianguis, luego de que sus abogados perdieran el juicio.

Por esa razón, indicó que urge cubrir dicha cantidad, pero hasta este jueves no habían obtenido una respuesta favorable por parte de la Secretaría de Finanzas. “De acuerdo con lo que me entregaron, este préstamo habla de más de 600 millones de pesos sin actualizaciones, con actualizaciones se incrementa a más de mil millones de pesos”, confirmó.

Y agregó que el último requerimiento por parte del juez federal fue muy claro: “en caso de incumplir con lo que se nos pide, se le daría aviso al Juez de la Federación para que a su vez se inicie con el procedimiento de separación del cargo de todos los que integramos el Cabildo de esta administración municipal”.

Cabe citar que la administración del petista Rafael Núñez perdió en julio de 2015 un litigio que duró 21 años ante los propietarios de las 18.5 hectáreas de terreno, que actualmente son ocupados para tianguis.

En esa época, el gobierno municipal expropió dichos terrenos, cuyo fin sería un bien público, como la construcción de una Central Camionera y espacios culturales, pero terminaron por ser ocupados por particulares, razón por la que los dueños recurrieron a instancias federales, ganando el juicio tras dos décadas.

Núñez se habría negado a pagar

El pasado 7 de marzo, el Juez Primero de Distrito hizo el tercer requerimiento al gobierno de Rafael Núñez para cumplir con el ordenamiento legal para pagar los predios, pero ha incumplido. Y como una forma de evitar incurrir en un desacato, el edil está recurriendo al Gobierno del Estado y al Congreso local, a fin de obtener la autorización para un préstamo.

El pasado 23 de febrero del 2016, Núñez formalizó su petición a los poderes Ejecutivo y Legislativo, aclarando dicho empréstito.