La defensa legal de José María Sosa Álvarez consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha evidenciado que es una consigna mantener preso al joven ya que tras ganar el último amparo por el delito de homicidio y aborto, las pruebas que presentaron las autoridades para inculparlo por el supuesto homicidio de Paulina Camargo se vuelven ilegales si es que pretenden ser usadas nuevamente a fin de dictar auto de formal prisión.
El abogado de Sosa, Gerardo García Pérez, detalló que la mancha de sangre en el departamento que presuntamente era de Paulina; el video desfasado que se pretendió usar para comprobar que ambos subieron a un taxi la tarde del 25 de agosto del 2015, así como la confesión obtenida presuntamente bajo tortura, quedarán sin efecto si es que la FGE opta por dictar un auto de prisión en lugar de uno de libertad.
“Pueden dictar un nuevo auto de formal prisión o uno distinto, pero, si decides por el primero deberás de dejar sin efecto estas tres pruebas y después, dicta el que tú quieras pero estas pruebas no las tomes en cuenta porque hay deficiencias procesales, son ilícitas y una prueba así no debe de ser tomada en cuenta”, precisó.
Agregó que hasta el momento la Fiscalía no ha demostrado tener más pruebas que puedan ayudar a seguir el proceso en contra de “Chema” ya que la detención que obtuvieron desde el pasado 28 de agosto del 2015 fue por falsedad de declaraciones, delito por el que ya tiene un amparo, en tanto que por los delitos de homicidio y aborto se consideró que la confesión se dio de forma irregular ya que su abogado no estaba presente.
“La principal prueba que tienen ellos –la Fiscalía– es la supuesta confesión que hace José María Álvarez una hora antes de que lo pongan a disposición el Juzgado por el delito de falsedad. De esa prueba emanaron los dictámenes periciales en donde establecen que existe un alto grado de probabilidad que Paulina esté muerta porque la asfixió”, dijo el abogado.
Respecto del recurso de revisión que la Fiscalía anunció a través de un comunicado el pasado viernes, el defensor legal del imputado indicó que no corresponde a la autoridad solicitar el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado, sino a los padres de Paulina, por lo que hizo un llamado para que la FGE deje de tomar partido en el caso y se muestre imparcial en el caso, ya que de lo contrario, podrían proceder legalmente en contra del fiscal general Víctor Carrancá Bourget.