Jorge Aguilar Chedraui e Ignacio Mier Bañuelos, diputados locales del PAN y el PRD se opusieron a que se utilicen recursos públicos del estado y del municipio para costear los seguros de vida de 29 alcaldes poblanos que dicen ser amenazados por grupos del crimen organizado, tras coincidir en que los ayuntamientos, al ser autónomos son responsables de su seguridad y de sus comunidades.
Luego que el alcalde de Tochtepec y presidente de la Asociación de Alcaldes Locales de México (Aalmac), Marcos Pérez Calderón adelantó que los ediles en riesgo propondrán al Gobierno del Estado emplear el programa Peso a Peso para pagar sus seguros de vida, el panista y presidente del Congreso local consideró prioritario reforzar las policías municipales que garanticen la seguridad en dichas localidades.
“La primera instancia que se debe agotar es la que ellos tienen a su cargo: las policías municipales, para que a través de éstas se implementen protocolos de seguridad que garanticen no sólo su tranquilidad, sino la del resto de la población para moverse libremente entro de sus comunidades”, expuso Jorge Aguilar sin descartar la disposición del titular del Ejecutivo en el estado para evaluar la propuesta.
Por su parte, el diputado perredista y presidente de la comisión de Presupuesto y Crédito Público en el Legislativo subrayó que los alcaldes tienen la obligación de cubrir sus propios gastos –por ejemplo– en la contratación de seguros de vida, ya que los recursos públicos deben ser empleados en beneficio de los poblanos.
Por lo anterior, sugirió que dicho dinero se reinvierta en el equipamiento y capacitación de los mandos policiales de orden municipal y que el gobierno de Rafael Moreno Valle colabore con ellos asignándoles uniformados del estado que temporalmente les brinden seguridad en tanto se fortalecen sus corporaciones, para que sin temor continúen desempeñando sus actividades.
“Los criminales andan bien armados y buscan darle un escarmiento a las autoridades que están en contra de sus prácticas ilícitas. Creo que es importante que se sientan protegidos por las funciones que desempeñan, que son de alto riesgo, pero es inapropiado que se involucre al Estado en el pago de un seguro personal. En su lugar se podrían asignar policías de forma temporal”, concluyó.