La mañana del jueves decenas de transportistas afiliados a Conatram bloquearon por más de dos horas ambos sentidos de la Autopista México-Puebla como medida de presión y protesta contra la ola de atracos que han sufrido a últimas fechas, situación que coloca a Puebla en el primer lugar nacional de robos con violencia a dicho sector.
El gremio denunció que a diario se enfrentan a los asaltos en carreteras, pero también a la corrupción en los Ministerio Públicos pues en promedio los dueños de unidades de transporte se gastan hasta 100 mil pesos en pago de ‘mordidas’ para recuperar los camiones que les fueron robados. Estos recursos son para los agentes de tránsito, los ministeriales, y en el caso de llegar a recuperar sus unidades pagan arrastre con grúas, realizan trámites engorrosos y otorgan una ‘cuota’ final a los burócratas por agilizar los trámites.
Ante tal problemática, los inconformes piden que el robo al transporte de carga sea considerado un delito federal.
En entrevista en el lugar de la protesta, el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos AC (Conatram) en Texmelucan, Felipe García Hernández, señaló que por otro lado ya están cansados de que las autoridades dejen libres a las personas que atracan a los transportistas que están afiliados a este organismo.
El representante también informó que los trámites para recuperar sus camiones son muy largos, tomando de cinco meses hasta un año, “a pesar de que presentamos toda la documentación que nos piden, las autoridades no nos hacen caso, los ladrones entran y salen como en su casa. Estamos hartos de que las autoridades dejen libres a los rateros", reprochó.
De igual forma comentó que en lo que va de este mes se han realizado 15 atracos en contra de los afiliados, considerando como focos rojos la carretera federal México-Puebla a la altura de San Lucas el Grande, Tehuacán y Amozoc.
Finalmente, García Hernández destacó que es importante que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y se pueda tipificar el robo y atraco de unidades de transporte como delito federal, lo cual ayudará para que los delincuentes no salgan libres a poco días de su detención.