De los 217 municipios, al menos en 15 están en contra de la reforma avalada por el Congreso del Estado, al artículo 12 constitucional que permite al estado administrar el agua potable, con fines de privatización.
Ante esta inconformidad, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para revertir el decreto y se respete la autonomía de los municipios.
Hasta el momento, sólo Huejotzingo y San Martín Texmelucan están a favor del decreto y en los próximos días podrían aprobarlo en sus cabildos, ya que si bien los directores de los organismos operadores del agua se oponen, los alcaldes y regidores han avalado la reforma.
No obstante, la mayoría de los municipios del estado se oponen al decreto, dado que afirman que esto provocaría la entrega del sistema de agua potable municipal a una empresa particular, con lo que podrían dispararse las tarifas y el servicio afectarse.
El rechazo proviene incluso de alcaldes afines al PAN, como Inés Saturnino de Tecamachalco, quien a través del cabildo rechazó la aplicación del decreto.
En otros municipios como Juan C. Bonilla y Coronango los pobladores exigieron al Ayuntamiento pronunciarse en contra de la reforma, debido a que atenta contra su derecho de recibir agua potable.
Por su parte, el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres afirmó que la Suprema Corte solicitará a los ayuntamientos a aportar información sobre el rechazo de la medida y confió en que la Corte falle a su favor.
Afirmó que el Gobierno del Estado pretende privatizar el servicio de agua potable de los municipios y repetir la fórmula como hizo con la capital, con la concesión del agua a la empresa Concesiones Integrales, a través de Agua para Todos.
Aseguró que esta empresa ha comenzado a imprimir boletas de Coronango, Cuautlancingo y San Pedro Cholula, que aunque están fuera de la demarcación de la capital, la empresa pretende cobrar el servicio en los municipios del área metropolitana.