A siete años de la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) –que dejó 33 muertos y cuantiosos daños materiales– en el municipio de San Martín Texmelucan hay familias que siguen esperando una indemnización por lo que se están agrupando para exigir que se cumpla con la palabra empeñada.

Se trata de personas que esa mañana del 19 de diciembre del 2010 perdieron a sus familiares en el río de fuego que cubrió la colonia El Arenal en la comunidad de San Baltazar Temaxcalac así como a quienes a la fecha no les alcanza para reconstruir sus casas. En esa ocasión se censaron 115 viviendas que fueron consumidas por las llamas o quedaron con daños parciales.

Juan Evaristo Vilchis Correa, un ex empleado de la paraestatal quien está asesorando a los afectados, ventiló que el pago total que repartió Pemex para indemnizarlos fue por 20 millones de pesos, cuando contaba con un fondo de más de 50 millones de pesos en el banco Inbursa para la reparación de los daños.

En promedio, cada afectado recibió entre 100 mil y poco menos de 200 mil pesos. 

Comentó que cerca de medio centenar de afectados reciben asesoría jurídica gratuita en el Estado de México para poder demandar a Pemex por las indemnizaciones incompletas que les entregaron. Asimismo, solicitó al resto de los afectados acercarse a él para ser asesorados sin ningún costo y pelear a la paraestatal la indemnización justa. 

Explosión fue provocada por falla, no por toma clandestina 

Vilchis Correa destacó que el perito del Politécnico Nacional que emitió el dictamen tras la explosión en la colonia El Arenal, señaló que ésta fue provocada por daños en el ducto y no por terceras personas, es decir una toma clandestina. 

“Lo que él señaló fue afectación por fuerzas externas las cuales son por tormentas eléctricas, viento, sismos, deslaves, huracanes erosión y deslizamiento del ducto, lo que deja claro que no fue una toma clandestina sino una fisura en el ducto”, agregó. 

Acusó que desde el 2006 Pemex sabía del deterioro extremo del ducto siniestrado, por lo que exigió un informe del número de ductos que están operando y cuántos están en desuso.