La alcaldesa de Coronango, Hermelinda Macoto Chapuli reconoció que desconoce el contenido de la controversia constitucional presentada por su síndico municipal, Víctor Arce ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que busca revertir la privatización del agua en ese municipio, ya que en los próximos días rastrearán el expediente para ver en qué términos se emitió el recurso y saber si le conviene o no al municipio.

En entrevista, la edil afirmó que es inválida el acta de cabildo en la cual se anula el pronunciamiento que hicieron los regidores a favor de la reforma al artículo 12 constitucional, puesto que –dijo- se sesionó a destiempo. Paralelamente se deslindó de la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un grupo de abogados en contra de dicha reforma, y acusó que fue firmada por el síndico Víctor Arce sin su consentimiento.

Además de deslindarse de la controversia, la edil advirtió que está rastreando ese expediente para revisar qué es lo que la población ‘obligó’ a firmar al síndico.

Hay que recordar que luego que el Congreso local reformara el artículo 12 constitucional en su párrafo sexto (el 6 de enero del 2017), se dio un plazo a los Ayuntamientos para que convocaran a sus cabildos y éstos determinaran si aceptaban o no la reforma. De avalarla, las tres cuartas partes de los municipios de la entidad, la reforma procedería, lo cual sucedió.

En este sentido, Macoto insistió en que el pronunciamiento a favor de la reforma que hizo el cabildo el 20 de enero, si es válido, y no pudo anularse con la segunda sesión de cabildo del 4 de febrero, debido a que–dijo- ya estaba fuera de tiempo. 

Síndico ofreció apoyo para habitantes; Macoto lo niega

Pese a que el síndico Víctor Arce ofreció públicamente el pasado 22 de febrero apoyar con documentación y su firma a los habitantes, para que un grupo de abogados interpusiera una controversia constitucional contra la privatización del agua, la edil acusó que fue obligado por los habitantes “enardecidos”.

Además de deslindarse de la controversia presentada ante el máximo tribunal el pasado 27 de febrero, la edil advirtió que está rastreando ese expediente, a fin de revisar qué es lo que la población ‘obligó’ a firmar al síndico para ver si le conviene o no al municipio.