Hasta cinco años de cárcel y sanciones económicas por hasta 688 mil pesos son las propuestas presentadas por el diputado federal del PAN, Eukid Castañón Herrera para reformar el Código Penal Federal y castigar a quienes contaminen o dañen al medio ambiente, esto con el objetivo de frenar la contaminación del Río Atoyac.

En el documento presentado por el legislador se señala que este tipo de sanciones se impondrá a los gobiernos municipales y estatales, a las empresas públicas y privadas; así como a los particulares que causen un daño al medio ambiente, sin embargo, la iniciativa de Castañón Herrera lleva una clara dedicatoria a la contaminación del Río Atoyac.

“La pena de cinco años, así como una multa económica de 13 mil 769 pesos se impondrá cuando el autor o partícipe tenga bajo su responsabilidad el cuidado del medio ambiente, o cuando el daño a los recursos naturales sea resultado de una industria o actividad clandestina”, dicta el documento.

Además La iniciativa contempla sanciones cuando el delito se cometa durante la vigencia de alguna de las medidas de seguridad establecidas en los artículos 118 BIS 2 de la Ley de Aguas Nacionales, también cuando el autor o el partícipe haya ocultado o falsificado información, así como obstaculizado visitas, inspecciones, reconocimientos, verificación y fiscalizaciones a la autoridad ambiental competente y cuando el daño a los recursos naturales o al medio ambiente sea de carácter irreversible.

Asimismo, precisa que existirán sanciones contra las empresas que contaminen el medio ambiente, ya que en la modificación del Artículo 442 Bis del Código Penal Federal dicta que, cuando el daño ocasionado a los recursos naturales o al medio ambiente sea de carácter irreversible se procederá a la disolución y multa de 413 mil 82 pesos a 688 mil 470 pesos.

La propuesta del diputado poblano que fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados contempla amonestaciones públicas, suspensión de actividades de entre 2 a 5 años,  y multas de 137 mil 694 pesos a 275 mil 388 pesos, cuando se perjudiquen los recursos naturales, la calidad del agua o al ambiente.