Con 91 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó en lo general las reformas al párrafo segundo del artículo 19 constitucional que amplía a 18 las figuras jurídicas que serán sujetas a prisión preventiva oficiosa, entre éstas los delitos electorales, de corrupción y huachicoleo que propuso Andrés Manuel López Obrador en campaña.

Desde tribuna, senadores como Emilio Álvarez Icaza, la priista Claudia Anaya, el panista Damián Zepeda y la mayoría de integrantes del Movimiento Ciudadano alertaron en tribuna que los riesgos de llevar a la Constitución este tipo de delitos, ante la corrupción que priva en el sistema de justicia mexicano, pues con ello se viola el principio de presunción de inocencia.

“Es como darle una metralleta a un chango”, refirió el ex ombudsman capitalino Álvarez Icaza, al recordar que organismos como la ONU pidieron al Senado eliminar la prisión preventiva oficiosa en vez de ampliar el catálogo, porque hay presos que llevan más de 16 años en la cárcel sin ser sentenciados, como Daniel García y Reyes Alpízar.

Puso de ejemplo el caso de Nestora Salgado, al admitir que se le fabricaron delitos y estuvo presa.

“Esta reforma es un error para intentar responder a la necesidad de justicia que tiene la sociedad. Por supuesto que hay una preocupación de seguridad, pero el tema principal es la denegación de justicia, el acceso a la justicia”, insistió el senador sin partido.

De su parte, senadores como el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y la panista vicepresidenta del Senado, Guadalupe Murguía, destacaron que el problema de violencia en el país requiere estas medidas que implementan la prisión preventiva, pues es una medida cautelar que ya está, sino que se amplía un catálogo ante el aumento de la criminalidad.

“En algún momento habrá de eliminarse la prisión preventiva cuando tengamos mecanismos perfectamente desarrollados que permitan que la paz social se encuentre con los mecanismos de procuración e impartición de justicia”, planteó el ex procurador capitalino.

El líder del PT, Gonzalo Yáñez, respaldó la reforma al sostener que la corrupción debe enfrentarse en todas sus formas y latitudes, para acabar con la robadera del dinero público, junto con el fraude, que es otra forma de corrupción.

La reforma al artículo 19

Las reformas al artículo 19 amplían el catálogo de delitos graves, al incluir siete nuevas figuras, entre éstas las solicitadas por Andrés Manuel López Obrador para someter a juicio al Presidente de la República: hechos de corrupción y delitos en materia electoral.

Además de delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; aquellos cometidos con medios violentos como armas de fuego y explosivos; abuso y violencia sexual contra menores, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada de personas y cometida por particulares.

Por lo que toca a la corrupción “procederá en las hipótesis delictivas cuya media aritmética exceda de los 5 años de prisión, incluidas sus atenuantes y agravantes”.

Además de esas figuras, ya se incluían la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, trata de personas, secuestro, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En entrevista el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que una vez que se apruebe la eliminación del fuero presidencial, este catálogo de 16 delitos graves aplicaría como causal.

“Sí, recuerden que es un compromiso de campaña del presidente y todos los que hicimos campaña, elevar a rango constitucional el delito de huachicoleo, los delitos electorales y los actos de corrupción, es un acto de congruencia y este catálogo al ampliarse el presidente podrá ser cometido a enjuiciarse por estos delitos”.

Fuente: Vanguardia