Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó este miércoles cateos al interior de las oficinas y comandancias de Seguridad Pública del municipio de San Martín Texmelucan a fin de conseguir pruebas que involucren a los policías “cachirules” en más delitos, aparte de la usurpación de funciones.

A una semana de la detención de los más de 137 uniformados, de los cuales ocho consiguieron medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva y sólo uno no fue vinculado a proceso, el resto de los uniformados permanece en prisión preventiva por lo que dure el proceso.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por la Fiscalía de Investigación Metropolitana a fin de recuperar indicios, por lo que fueron intervenidas las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, la oficina del Comisario, la oficina de Control de Detención, la Unidad de Análisis, el Centro de Control y Comando, el Juzgado Calificador, además del banco de armas.

“Con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Ciencias Forenses y el Representante Social, se incursionó a cada área y se obtuvieron, entre otros, los siguientes indicios: 7 equipos de cómputo; una lap top; un sistema de grabación interna de cámaras de video vigilancia de las instalaciones; 3 biblioratos con partes de novedades e informativos” citó la FGE a través de un comunicado, dando a conocer los datos de prueba que podrían ser usados tras su revisión por los agentes del Ministerio Público y peritos.

Mientras que del banco de armas se aseguraron 110 revólveres, pistolas, carabinas, escopetas y fusiles, los cuales serán puestos a disposición de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), quienes actualmente desempeñan las labores de seguridad en el municipio, tras oficializarse el decreto del gobernador Antonio Gali Fayad, a fin de erradicar la violencia e inseguridad en el municipio presidido por Rafael Núñez Ramírez.

Cabe señalar que tanto el fiscal general, Víctor Carrancá Bourget, como el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, han señalado que los uniformados se encuentran relacionados con bandas dedicadas al robo de combustibles, sin embargo, hasta el momento sólo han sido imputados por el delito de usurpación de funciones.