Los tres presuntos implicados en la desaparición del activista Sergio Rivera Hernández fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El juez de Control determinó que Rogelio N, Victorino N y Antonio N, quienes fueron detenidos el pasado 18 de septiembre, deberán mantenerse en prisión preventiva a fin de enfrentar su proceso penal.

A través de un comunicado, la FGE informó que continúa realizando diligencias para aportar más pruebas a la investigación.

Al respecto, Omar Esparza, líder del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), detalló –a través de un comunicado– que realizan rastreos en la zona donde desapareció Rivera Hernández, quien se oponía a la construcción de una hidroeléctrica proyectada por la empresa Minera Autlán en la Sierra Negra.

El activista fue visto por última vez la tarde del 23 de agosto mientras se dirigía a Coyolapa, en Zoquitlán, el municipio más importante para la edificación del complejo hidroeléctrico Coyolapa-Atzala.

Tras la vinculación a proceso de los tres presuntos implicados, “se abre una nueva etapa en la investigación en torno a la desaparición de Sergio Rivera, sin que la búsqueda se detenga pues ésta continuará los próximos días hasta encontrarlo”, detalló Esparza.

 “Se realizarán rastreos en la zona donde desapareció el activista y defensor del medio ambiente y donde presuntamente pudo haber estado retenido o pueda estar retenido hasta la fecha, pues presumimos encontrarlo aún con vida”, agregó.

El líder de MAIZ refirió  que en la desaparición del activista podrían estar vinculadas más personas e incluso “servidores públicos municipales”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios Hernández, señaló que los tres vinculados figuran como aviadores en la nómina del Ayuntamiento de Zoquitlán, presidido por el perredista Fermín González León.

El activista dijo que los presuntos responsables de la desaparición han actuado como “sicarios” del alcalde de Zoquitlán, a quien acusan de tratar de imponer la construcción del complejo hidroeléctrico.

En tanto, la empresa Minera Au-tlán, ligada a Grupo Ferrominero de México, se ha deslindado de la desaparición del activista. “La empresa ha asumido un rol de buen vecino en cada una de las comunidades cercanas a su operación por medio del desarrollo de programas de inversión social, que tienen como objetivo aportar a su desarrollo socio-económico”, dijo a través de un comunicado enviado al semanario Proceso.

Fuente: 24 Horas Puebla