De un total de 56 denuncias que se han registrado entre 2009 y 2016 por el delito de aborto, sólo en el 16 por ciento, nueves casos, se ha conseguido que el juez emita una sentencia, cinco condenatorias y cuatro absoluciones.

A lo largo de los ocho años de estudio por parte del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido un total de 56 denuncias por la interrupción ilegal del embarazo, a las que se suman 10 casos más entre el 2017 y lo que va del 2018, de acuerdo con datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Según el estudio ‘La criminalización del aborto’, en el estado sólo una mujer ha sido penada por este delito, mientras que los cuatro casos restantes se tratan de hombres que presuntamente han obligado a su pareja a interrumpir su embarazo.

Dos de cada cinco denuncias por aborto son judicializadas

Para GIRE, la criminalización del aborto es la idea de que la maternidad es una función obligatoria de las mujeres, lo que representa una violación a los derechos humanos, por lo que realizaron un informe de los últimos 10 años sobre este tema.

En Puebla el delito de aborto se tipificó en junio del 2009, al asegurar que “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las leyes”, convirtiéndose en la octava entidad en reformar la ley para considerar esta acción como un delito.

Desde entonces la FGE ha recibido un total de 56 denuncias por el delito de aborto desde el 2009 hasta el 2016, sin embargo, sólo dos de cada cinco denuncias fueron judicializadas, es decir, el 40 por ciento de ellas, 23, fueron presentadas ante un juez que determinó seguir un proceso legal en contra de los imputados.

En cuanto al número de sentencias, sólo se logró que de los 23 casos judicializados se concluyeran nueve, es decir, una efectividad del 39.1 por ciento; no obstante, dentro de los Centros de Reinserción Social (Cereso), según la SSP, se encuentra recluidas cinco personas por este delito, cuatro hombres y una mujer, con penas que van de 12 meses a cinco años de cárcel.

GIRE y los casos en Puebla

Esta organización enmarcó los tres casos más representativos en Puebla, en donde se habla tanto de la negligencia médica para tratar los temas del aborto, hasta un caso en el que la mujer fue obligada por su pareja a abortar.

En 2013 Dania se enteró que su pareja estaba casada después de que ella le dijera que estaba embarazada, lo que ocasionó un rompimiento; meses después sintió un grave dolor en el vientre, por lo que su médico le recetó ampicilina, situación que no mejoró su condición hasta el hecho de provocarle un aborto.

La mujer, aun con las dolencias, fue detenida por parte de las autoridades a pesar de contar con las recetas médicas, ya que los médicos sospechaban que ella se había inducido el aborto, por lo que tuvo que pagar una fianza de 20 mil pesos.

En cuanto a los dos siguientes casos, el de Fabiola y de Laura, ambas enfrentaron hostigamientos por parte de los médicos y de un trabajador social, que a pesar de no saber específicamente las condiciones del aborto acusaron a ambas mujeres de consumir misoprostol, quedando bajo el escrutinio público, a pesar de que ellas nunca intentaron privar de la vida al producto.