En su búsqueda por reunir firmas para convertirse en candidato a la gubernatura, Enrique Cárdenas Sánchez erogó 173 mil 482 pesos. Es decir, cada una de las 11 mil 553 rúbricas que reunió le costaron 15 pesos si se toma en cuenta el dinero gastado con el total de apoyos conseguidos.

Según el reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) el académico reportó que gastó dicho monto para movilizarse, aunque no consiguió ni el 10 por ciento de las 132 mil 552 firmas que se necesitaban para obtener su registro.

Cárdenas Sánchez impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la negativa del Instituto Electoral del Estado (IEE) y del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) para ampliar el periodo que le permita obtener las 121 mil firmas que le faltaron para registrarse como contendiente.  

La impugnación la presentó junto al otro aspirante independiente a la gubernatura de Puebla, Israel de Jesús Ramos quien gastó 2 mil 671 pesos en conseguir mil 55 apoyos ciudadanos. Sin embargo, tampoco logró su cometido debido a que se le acabó el tiempo señalado por el IEE para realizar el recabo de rúbricas.

La sala Superior del TEPJF admitió los juicios para que los aspirantes protejan sus derechos político-electorales. En el caso del ex rector de la UDLAP, la queja se identifica con la clave SUP-JDC-46/2018 y está bajo el análisis de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Mientras que el caso de Ramos González es el juicio SUP-JDC-44/2018 y se remitió al análisis de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis.

Las negativas del IEE

 El argumento del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) para rechazar la prórroga presentada por Cárdenas para conseguir las firmas que avalen su registro como candidato a la gubernatura,  fue que el organismo no tiene la facultada para modificar el plazo de 30 días que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional.

Asimismo, el magistrado declaró como improcedente el argumento de los aspirantes sobre que las fallas de la aplicación digital que usaron para registrar los apoyos, infringieron su derecho constitucional a ser votados.