La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) inició una queja de oficio por los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre del año en curso en la comunidad de Palmarito Tochapan, cuando elementos de la Marina ingresaron de forma violenta a diferentes domicilios de la comunidad y que orilló a los pobladores a bloquear la autopista Puebla-Orizaba.

El organismo dio a conocer que los pobladores de dicha comunidad denunciaron un cateo violento en la madrugada por parte de la Marina en su comunidad, por ello, luego de constituirse al lugar de los hechos se inició un oficio de queja en el expediente 5839/2018.

La CDH informó que acudió al lugar para realizar las diligencias necesarias, así como la solicitud de informes correspondientes a las autoridades involucradas y ofreció a los denunciantes apoyo victimológico, el cual consiste en atención médica, psicológica y asesoría jurídica.

Cabe recordar, que los habitantes de Palmarito Tochapan acusaron que presuntos elementos de la Marina incursionaron de manera violenta a la casa del edil electo de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, así como a otras viviendas, dispararando, usaron bombas de gas y rompiendo vidrios, por lo que hubo lesionados.

Ante los hechos ocurridos, al menos 200 personas se manifestaron cerrando la carretera Puebla-Orizaba con llantas incendiadas, lo que provocó  tránsito lento y largas filas de automóviles y transportes de carga.

La CDH señaló en un comunicado que las autoridades involucradas pertenecían al ámbito federal por lo que dicha queja sería remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que puedan investigar y resolver el caso conforme a derecho.

Además manifiesto su compromiso para realizar las acciones necesarias que garanticen la protección de los derechos humanos.

Anteriormente la CNDH había emitido la recomendación 12VG/2018 por violaciones graves a los Derechos Humanos atribuibles a servidores públicos de la SEDENA y de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado con motivo de los hechos ocurridos el 3 de mayo del 2017, así como otros hechos violatorios cometidos por Petróleos Mexicanos (Pemex) la Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General y Tribunal Superior de Justicia de Puebla.