La defensa de la exfuncionaria federal solicitó al juez de control la duplicidad del término constitucional,mismo que fue concedido y por lo que se fijó la audiencia de vinculación a proceso para el 12 de agosto, a fin de que se recaben evidencia y testimonios que podrían contribuir en favor de la imputada.
Durante el sexenio pasado, Rosario Robles Berlanga se desempeñó, de 2012 a mediados de 2015, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para posteriormente pasar a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), donde permaneció hasta el último día de gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el Ministerio Público de la Federación, entre 2014 y 2018, la ahora exfuncionaria federal fue omisa ante los informes de colaboradores sobre irregularidades en contratos asignados por las dependencias a su cargo.
En concreto, los fiscales señalaron 27 contratos a universidades públicas y sistemas de comunicación estatales para servicios "no requeridos ni realizados".
Robles Berlanga habría decidido ser omisa ante dichas alertas e incluso en una reunión con el entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel portal, se rehusó a dar una respuesta sobre el ejercicio de los montos consignados.
La audiencia de imputación de este jueves 8 de agosto inició a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 9:30 de la noche. El delito de ejercicio indebido del servicio público no es grave, por lo que en caso de que el juez decida vincularla a proceso, Rosario Robles podría pagar una fianza para llevar su proceso en libertad.
En el Código Penal Federal, se establece una pena de 2 a 7 años de prisión para quien resulte culpable por el delito imputado a "Chayo".
Fuente: SDP
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