“La gente de nuestras comunidades no cree en un simple cambio de nombre o uniforme de policía. No hay confianza en que la Guardia Nacional esté a favor de los pueblos originarios y sus comunidades”, manifestó Sabrás Aburto, vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

En conferencia de prensa en Tierra Colorada, representantes de estas agrupaciones declararon que sus miembros no estarán bajo las órdenes de la recién aprobada corporación, el cuerpo militar de élite con el que el actual gobierno federal busca combatir el crimen organizado. “Decimos: coordinación sí, subordinación no, ya que nuestras máximas autoridades son a nivel de la comunidad”, puntualizaron.

Argumentaron que se oponen a la entrada de la Guardia en su territorio, porque hay una historia de complicidad con los grupos delictivos. “Siempre las fuerzas de seguridad del Estado han estado inclinadas hacia el gobierno y los grandes capos de la delincuencia, viene de muchos años atrás y no creemos que cambie de un sexenio a otro”, añadió Aburto.

 Agrupados en la CRAC y en el Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FPCEG), se trata de unos 12 mil hombres que operan desde 1995. “Son los policías comunitarios nombrados, respaldados y regulados por las asambleas los que han brindado seguridad sin recurrir al apoyo de militares, marinos o Policía Federal”, destacaron.

En Guerrero tienen presencia en la Costa Chica, Tierra Caliente, Sierra, Montaña, el área rural de Acapulco, así como las zonas Norte y Centro.

CONSERVAR ESTATUS

También exigieron que el Estado les permita conservar su estatus de grupo armado. “Consideramos que por ningún motivo el gobierno debe proceder a desarmar a los policías indígenas, afromexicanos o mestizos que han sido nombrados en asambleas comunitarias para brindarse seguridad, mientras los tres niveles de gobierno no garanticen la seguridad pública a la población en general”.

Advirtieron que ante un intento de desarme, tocará a la población civil defender a sus policías. “Hemos hablado de que si intentan un desarme en una situación grave, la gente pudiera hasta disparar. Pero buscaremos de todas maneras un diálogo. Si no, actuarán los cuadros civiles para evitar una confrontación armada”, subrayó Salvador Alanís Trujillo, del FPCEG.

Además, propusieron que se cree una ley para dar orden a los cuerpos comunitarios. “Pedimos que se legisle la operación de policías mestizas y afromexicanas para que legalmente puedan organizarse para autobrindarse seguridad.

“Y también que se controle y ordene a los grupos civiles armados que no están bajo el mando de asambleas comunitarios ni regionales, motivo por el cual son fácilmente infiltrados por la delincuencia”, manifestaron.

En su diagnóstico sobre la situación de Guerrero, aseguran que los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal han sido incapaces de brindar seguridad a los habitantes.

 Sin embargo, dieron un voto de confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregaron: “Nos pronunciamos a favor de la cuarta transformación para combatir la corrupción, que no haya gente que viva a expensas de los demás”.

Fuente: Milenio