Si el Centro Integral de Servicios es un “monumento al derroche”, como lo definió Luis Miguel Barbosa, el título de concesión del agua en la zona metropolitana es la “catedral de la corrupción” morenovallista: un robo enorme, tan gigantesco que es imposible de derrumbar sin provocar consecuencias funestas.

 

El sueño de progreso que Moreno Valle nos vendió a los poblanos desde 2010 desde su muerte se revela como una pesadilla de saqueo, de rapacidad inconmensurable ejecutado a ojos de todos.

 

La divulgación del título de concesión, por sus alcances económicos, por su alto tecnicismo jurídico, por las grandes prebendas otorgadas a un grupo de empresarios anónimos, por el estado de indefensión que deja al gobierno, así como a los poblanos, es una película terrorífica que de alguna manera el próximo gobierno debe tratar de revertir con los menores daños al erario poblano.

 

La misión de Luis Miguel Barbosa, de Morena en Puebla, es detener el saqueo a los bolsillos de los poblanos y que el agua, derecho humano por antonomasia, deje de ser visto como un negocio que deja utilidades de 600 millones de pesos en apenas cuatro años, pero que a ojos del director de Agua de Puebla, Héctor Durán, no son suficientes.

 

“No hemos ganado tanto dinero como pensábamos”, confesó Durán a El Sol de Puebla, y las ganancias son menores a las establecidas en el modelo financiero incluido en el título de concesión, y que prevé ingresos por 173 mil millones de pesos en los treinta años de vigencia.

 

Se trata de un contrato leonino de origen, pero que empeoró cuando dos meses después de que Concesiones Integrales entró en operación, tuvo una modificación firmada por el operador de todo este negocio, el queretano Manuel Urquiza Estrada —director del Soapap— quien amplió de 5 a 10 años el plazo de cumplimiento para la inversión de 3 mil 844 millones en la red hídrica y de mantenimiento.

 

Es imposible detallar todas y cada una de las triquiñuelas de ese título de concesión, siempre desfavorables para los intereses de Puebla, pero la principal es que en caso de revocación o de rescate, deberán pagarse las utilidades por el plazo restante de la concesión. Si en promedio obtienen 150 millones de utilidades, el gobierno de Puebla debería pagar alrededor de 3 mil 600 millones de pesos. Es una atrocidad.

 

Rafael Moreno Valle planeó todo esto con dolo desde que designó a Urquiza, pero ejecutó después de que ganó las elecciones de 2013. Es evidente que ya todo estaba preparado, y tan sabía de las condiciones leoninas de la concesión que ordenó que el titulo fuera declarado confidencial hasta 2023, y sólo una larga batalla jurídica de varias organizaciones de la S.C. permitió que se abriera a todos los poblanos.

 

¿Cuánto dinero recibió Moreno Valle por privatizar el agua? ¿De a cómo fue la mochada que se pactó? ¿Por qué Grupo Monex acabó siendo dueño de Concesiones Integrales al controlar el 75 por ciento del paquete accionario de la empresa titular?

 

¿En verdad no puede ponerse punto final a este latrocinio que significó el incremento del 38.7 por ciento a  la tarifa del agua residencial y 44 por ciento la comercial, muy por encima de la inflación en el periodo?

 

¿Cuánto cinismo más de Agua de Puebla resistiremos con el argumento de que no ganan lo suficiente y por eso le ampliaron el plazo de cumplimiento?

 

En verdad, dan ganas de vomitar.

 

Lo único que nos consuela es que la mochada ya no le va a llegar a Moreno Valle en el más allá.