Miercoles, 20 de Noviembre del 2019

Denuncia de Karina contra Paisano fue sólo un show, el síndico demandó 20 días antes

Miércoles, 16 Octubre 2019 02:25
Denuncia de Karina contra Paisano fue sólo un show, el síndico demandó 20 días antes

La presidenta municipal de San Andrés Cholula mintió, pues el representante legal del Ayuntamiento interpuso un recurso legal en contra del ex alcalde desde el pasado 17 de septiembre por abuso de autoridad y no por desvío de recursos.

Luisa Tirzo / San Andrés Cholula

@Diario_Cambio



La supuesta denuncia contra el ex edil de San Andrés Cholula Leoncio Paisano Arias, interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el pasado 7 de octubre por ‘desvío de recursos’, como le llamó la alcaldesa, Karina Pérez Popoca, fue puro show, pues en realidad fue el síndico Josué Xicale Coyopol quien interpuso una demanda desde el 17 de septiembre pero por “abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, falsedad, en su modalidad de utilización de documentos falsos y falsedad en declaraciones o informes dados a una autoridad y los demás que pudieran desprenderse” contra el panista, de acuerdo con una copia del documento en poder de CAMBIO Regionales.


En la denuncia que presentó el síndico ante el Ministerio Público el pasado 17 de septiembre de este año, se argumenta que el ex alcalde no lanzó la convocatoria para licitar la privatización del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos por un plazo de 30 años.


En las copias de la denuncia que fuentes al interior del Ayuntamiento entregaron a CAMBIO Regionales se exhibe el show que montó la alcaldesa morenista en instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) 20 días después de que el síndico presentó la denuncia por un delito que en su pena máxima apenas alcanza seis años de prisión.


Pérez Popoca esperó 20 días a hacer pública la demanda penal en contra su antecesor para que coincidiera con el 7 de octubre, fecha en la que se cumplieron cinco años de que estuvo a punto de ser encarcelada por Paisano Arias, evidenciando la venganza que tanto negó en su Primer Informe de Gobierno.


La presidenta municipal utilizó la ceremonia mensual de octubre para victimizarse por la persecución política que vivió al supuestamente defender la zona arqueológica de las obras morenovallistas denominadas ‘Parque de las Siete Culturas o Parque Intermunicipal Cholula’.


"Acudiremos a presentar las denuncias correspondientes ante las instancias correspondientes contra el ex presidente y los ex servidores públicos que así lo determine la autoridad que tengan responsabilidad por el mal manejo y desviación de recursos en la pasada administración", anunció en aquella ceremonia.


Tras acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Congreso Local, la alcaldesa jamás mostró los documentos de la demanda penal ni facilitó el número de Carpeta de Investigación que se le asignó al caso.


La denuncia


El síndico municipal Josué Xicale argumentó que el ex alcalde, ex síndico, ex tesorero y los integrantes del Comité de Adjudicaciones de San Andrés Cholula en la administración 2014-2018, incurrieron en el delito mencionado al omitir la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional SSPM/001/05/2017 para otorgar el título de Concesión de los Servicios Públicos Municipales de Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos Urbanos generados por el municipio de San Andrés Cholula.


Por lo que, asegura, incurrieron en la utilización de documentos falsos al exhibirlos para acreditar sus informes justificados, donde le entregan la concesión de la recolección de basura a una la empresa Profaj Hidro. 


Lo que marca la ley


De acuerdo con el Artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, el síndico es la única autoridad que puede representar al Ayuntamiento e iniciar procedimientos judiciales.


En su Artículo 420, el Código Penal del Estado de Puebla menciona que el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 20 a 200 días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público.


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