Los 16 Centros Comunitarios de Prevención y Participación Ciudadana del Estado están en riesgo de cerrar sus puertas, debido a que el Gobierno del Estado no ha firmado convenio con los municipios para su operación, por lo cual no hay recursos para el pago de nómina de los trabajadores.

Trabajadores del Centro Comunitario de San Andrés Cholula denunciaron que desde octubre pasado han tenido problemas con el pago de sus quincenas, pues les adeudan los sueldos de octubre, noviembre y diciembre.

Dichos centros están adscritos a la Secretaría General de Gobierno, específicamente a la subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos, bajo la dirección general de Isabel Aguilar Verdín.

"Los centros funcionaban gracias a un convenio de colaboración entre los municipios que aportan el dinero para su funcionamiento, nómina de funcionarios y mantenimiento del lugar y el estado se encargaba de la operatividad y funcionamiento", explicó la fuente.

Estos centros se encuentran en municipios estratégicos de acuerdo con el nivel de delincuencia que existe, algunos de ellos están en Tehuacán, Amozoc, San Andrés Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Libres, Zacatlán, Acatlán, Huauchinango, Puebla, Tecamachalco, Yehualtepec, San Martín Texmelucan y Chalchicomula de Sesma, entre otros.

En dichos centros se realizan pláticas de prevención con diferentes temáticas, como prevención de la violencia o acoso escolar, violencia en el noviazgo, drogas, parentalidad positiva, empoderamiento de la mujer, autoestima, prevención del embarazo adolescente, entre otros.

Asimismo, se imparten de manera gratuita talleres deportivos, culturales, de salud, educativos o de capacitación para el autoempleo.

A decir de los entrevistados, hasta el momento los ayuntamientos no han firmado convenio con el Gobierno del Estado para que dichos centros sigan operando con normalidad.

"Desde el pasado 15 de octubre de 2018, cuando terminó la administración de los ayuntamientos, los trabajadores recibimos la indicación de seguir operando con normalidad bajo la promesa de que recibiríamos nuestros pagos aún bajo la administración del gobernador Antonio Gali, pero esto nunca sucedió, ya que dejó un adeudo pendiente que corresponde del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2018", denunciaron.

Comentaron que con la llegada de Guillermo Pacheco Pulido, el Gobierno del Estado se hizo cargo de la nómina de los meses de enero y febrero, pero obligó a los empleados a firmar una carta de renuncia en las oficinas del Prevención del Delito con fecha del 28 de febrero del 2019.

"Se nos mintió diciéndonos que era necesario y que los pagos se normalizarían a la brevedad, pero esto no ocurrió. Por tal motivo, los Centros Comunitarios tendrán que cerrar sus puertas debido a la falta de material de papelería, mantenimiento, limpieza y las seis quincenas que se les adeudan a los empleados, afectando directamente a los usuarios directos e indirectos de dichos centros, quienes recibían diferentes talleres", agregó la fuente.