El Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros sólo “sancionó” a Francisco Cristóbal Pichardo Gallardo, coordinador de Comunicación Social, con una disculpa en su cuenta personal de Facebook sobre el lenguaje y mal uso de redes hacia la reportera Yessica Ayala, señalando que se deslindaba del caso, dado que era un asunto personal, así lo dio a conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante la ratificación de la queja presentada por la reportera de esta casa editorial.

La Comisión de Derechos Humanos, Delegación Izúcar de Matamoros, dio seguimiento a la queja presentada en medios de comunicación y ante la delegación sobre la presunta violación a la libertad de expresión y violencia de género que el coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Francisco Cristóbal Gallardo Pichardo, ejerció en redes sociales oficiales y personales en contra de la comunicadora tras emitir notas periodísticas sobre los índices delictivos en ese municipio.

En este sentido, la CEDH recibió de manos del Ayuntamiento una carta señalando que su trabajador tuvo una “sanción”, la cual fue ofrecer una disculpa en su red social.

En dicho comunicado la administración de Izúcar expresa que, según Gallardo Pichardo, sólo violó el artículo 50 fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Puebla, el cual señala: “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrá que observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación”.

Dicho alegato deja pasar por alto el artículo 49, incurriendo en una responsabilidad administrativa, así como los incisos del mismo artículo 50; tampoco se contempló la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, a pesar de que existe una alerta de género en el municipio.

Cabe mencionar que la misma Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Puebla en el Capítulo II Procedimientos Administrativos y Sanciones, en el Artículo 53 bis 1.-, señala que las quejas deberán presentarse por comparecencia directa o por escrito y en ninguno de los casos se mandó a citar a la afectada, por lo que tampoco el Ayuntamiento tomó en cuenta la versión de la reportera.

Tampoco la síndico o el contralor municipal practicaron alguna diligencia, ni se tomaron el tiempo que marca el artículo 68 para revisar la responsabilidad del trabajador, por el contrario, al siguiente día se giró la indicación de que diera un mensaje en Facebook y dando por terminado el problema y deslindándose del mismo.

Cabe mencionar que aunque el Ayuntamiento, a través de un comunicado oficial emitido en redes sociales, señaló que el gobierno que preside Melitón Lozano Pérez se deslinda de las acciones de su trabajador, éste sigue laborando como coordinador de Comunicación Social.