Pablo Morales Ugalde, ex presidente municipal huachicolero de Palmar de Bravo, pide a la Fiscalía General de la Republica (FGR) devolverle dos inmuebles y 17 cuentas bancarias tras ser absuelto de los delitos de ‘lavado’ de dinero y venta de combustible robado a ductos de Pemex en el Triángulo Rojo.

El pasado 5 de julio del 2017, Morales Ugalde fue detenido por agentes la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Marina cuando salía de la presidencia municipal de Palmar de Bravo, luego que un juez federal liberó la orden de aprehensión por los delitos de ‘lavado’ de dinero y venta ilegal de combustible robado a ductos de Pemex.

Luego de 16 meses de estar preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5 de Veracruz, el ex alcalde fue absuelto y liberado el pasado miércoles 11 de octubre del 2018, un juez federal concedió un amparo al ex edil que obliga a la FGR a responder su petición de desaseguramiento de bienes.

El 19 de junio pasado, Morales Ugalde solicitó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) devolverle los inmuebles denominados La Fuente y El Hauaje, ubicados en el Barrio de San José, en Tecamachalco.

También pidió cancelar un acuerdo del 19 de julio de 2017 con el que la SEIDO aseguró las cuentas registradas a su nombre en Banorte, con números 0128438266, 0148525379, 0575560864 y 0557609648, que registraron operaciones entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.

Otras cuentas aseguradas son las registradas con números 0226600352, 0244836070, 0561409425, 0199520716, 0199528237 y 1436293662, que tuvieron movimientos entre el 1 de enero de 2015 y el 26 de julio de 2017.

Algunas de estas también están a nombre de Distribuidores de Combustible del Palmar de Bravo SA de CV, de acuerdo con la FGR.

Según las investigaciones, durante 2015 el ex presidente municipal registró movimientos por más de 57 millones de pesos en sus cuentas bancarias. El 18 de abril de 2017, las gasolineras de Morales Ugalde fueron verificadas por las autoridades y el 30 de junio siguiente, cuatro de ellas fueron clausuradas.

Debido a que la SEIDO no respondió a su solicitud de devolución de bienes, el 15 de agosto pasado Morales Ugalde presentó un amparo contra el silencio de la autoridad ministerial y la violación a su derecho de petición.

Augusto Octavio Mejía Ojeada, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, le concedió la protección de la justicia y ordenó a la SEIDO responder la solicitud del ex edil, aunque no le impone pronunciarse en algún sentido.