La Fiscalía General del Estado (FGE), en los tiempos de Víctor Carrancá Bourget, demostró su ‘hambre’ de resolver casos a cualquier precio, pues de los 87 detenidos el pasado 9 de marzo de 2017 en el operativo ‘Encrucijada’, sólo dos continúan en prisión preventiva oficiosa por el delito de portación ilegal de arma de fuego; mientras que los 85 restantes gozan de su libertad.
De acuerdo con fuentes allegadas al caso, los dos imputados sólo son acusados del delito de portación ilegal de arma de fuego, y no los siete delitos que acusaba la Fiscalía en un principio. Sin embargo, al menos otros nueve también siguen bajo investigación, pero hasta este momento no se les ha fijado fecha para su audiencia ante un juez de control federal.
Cabe señalar que en febrero del año pasado CAMBIO documentó que el caso de la FGE se ‘caía a pedazos’, luego de que las pruebas de radizonato de sodio resultaran negativas en al menos 12 presuntos responsables, lo que puso en ‘tela de juicio’ la versión oficial entregada por Carrancá Bourget, demostrando que los agentes ministeriales sembraron armas de fuego a los inculpados.
Esta situación resultó evidente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que inició una investigación por la violación a los derechos humanos de los 87 detenidos en marzo de hace dos años, según consta en el oficio DDH/5894/2018.
Pagan de 4 mil a 18 mil pesos para conseguir su libertad
El pasado mes de febrero, a casi dos años del operativo Encrucijada, del cual las autoridades anunciaron la detención de 87 huachicoleros relacionados con el asesinato de tres agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), durante una audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tepexi de Rodríguez, un juez de control federal desestimó los actos de prueba realizados por la FGE bajo las órdenes de Carrancá.
Según lo señalado en la audiencia, la carpeta de investigación 296/2017/UF1 contenía una serie de inconsistencias que el juez evidenció tras escuchar los alegatos de la defensa, por lo que procedió a no convalidar las actuaciones del fuero común, ordenando al MP iniciar nuevamente la investigación con nuevos datos de prueba.
Esta situación obligó a la FGE a llegar a un acuerdo con los imputados, a quienes les retiraron todos los delitos graves y sólo fueron enjuiciados por ataques peligrosos en contra de funcionarios públicos, siendo condenados a dos años y medio de pena, conmutando seis meses de prisión tras el pago de una garantía que fue de los cuatro mil a los 18 mil pesos, sin entregar un solo peso por reparación del daño, ya que los agentes ministeriales afectados se dieron por pagados.
Hasta este momento, de los 14 a los que se les comprobó la posesión de armas de fuego, dos de ellos están en prisión preventiva debido a que la defensa de uno no se presentó al caso, y el segundo implicado entregó tres domicilios, lo que hizo creer al juez de control el riesgo de fuga.
Carlos Cózatl
@cr_cozatl