La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendó al estado de Puebla aumentar a 80 años de prisión el delito de feminicidio, además reformar el Código Penal, ya que se encuentra entre las 21 entidades federativas que no garantiza la reparación del daño a las víctimas, siendo las niñas y niños cuya madre fue víctima de este delito, los que se encuentran en mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con la recomendación 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, dada a conocer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Puebla se encuentra entre las entidades federativas que no regulan la reparación del daño en los Códigos Penales a las víctimas indirectas por un feminicidio, especialmente las niñas y niños cuya madre fue víctima de este delito y se encuentran en situación de orfandad como secuela.

Además, en dicho documento en cuanto a años de prisión, las leyes poblanas establecen la mínima de 40 años, mientras que otras seis entidades de la república le superan.

Las entidades federativas que tiene una cadena mayor a Puebla son Oaxaca que va de los 50 a 60 años; la Ciudad de México de 35 a 70; Jalisco, Morelos y Veracruz, que van de 40 a 70; y el Estado de México de 40 años a la prisión permanente.

Asimismo, en los montos por multas por dicho delito, Puebla alcanza en cambio de 500 a mil Unidades Monetarias de Actualización (Umas) y la superan también seis entidades; arriba de este estado se encuentran Yucatán que considera de mil 500 a dos mil 500; Durango de dos mil 800 a cuatro mil 300; Tlaxcala de dos mil 170 a cuatro mil 620; el Estado de México de 700 a cinco mil; San Luis Potosí de mil a cinco mil; y Nuevo León de cuatro mil a ocho mil.

También el documento reconoce que Puebla es una de las entidades federativas que cuentan con leyes y reglamentos necesarios en la materia del combate en el tema de feminicidio.

Como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Prevención y Eliminación de la Discriminación, y la Ley en Materia de Trata de Personas y para la Protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, así como sus reglamentos derivados.

En la recomendación se reconoce que de enero a septiembre de este año han ocurrido 726 feminicidios y dos mil 107 homicidios dolosos de mujeres, para un total de dos mil 833 casos.

Entre ellas plantea la necesidad de atender la baja relación de carpetas de investigación a las que se da un seguimiento frente a los casos existentes, así como la necesidad de contar con más recursos.

Asimismo, cuenta con una Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, incorporó en sus leyes locales disposiciones sobre el procedimiento de Alerta de Violencia de Género federal, las cuales van desde mencionar su existencia como un mecanismo para atender la violencia feminicida, hasta la creación de grupos o comisiones para atender las medidas de la declaratoria que emita la Secretaría de Gobernación.

Además, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv) Puebla cuenta con cuatro refugios, los cuales deberán prestar los servicios especializados y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programa reeducativo integral, capacitación y bolsa de trabajo el cual debe ser confidencial y temporal, con el fin de lograr la construcción de la ciudadanía y fortalecer la autonomía de las mujeres para lograr su empoderamiento.