Los siete ambulantes 'antorchistas' detenidos en el Centro Histórico con más de 230 celulares de dudosa procedencia fueron puestos en libertad tras el pago de una multa de hasta ocho mil 450 pesos, pues fueron señalados de ambulantes.
De acuerdo con las autoridades, los cinco hombres y las dos mujeres fueron puestos a disposición del juez calificador por una falta administrativa, la cual consiste en "cambiar, condicionar o explotar de cualquier forma el uso o destino de la vía pública", a pesar de la procedencia ilícita de los aparatos telefónicos con los que fueron encontrados.
Los 232 productos decomisados, entre teléfonos celulares, tabletas electrónicas, baterías y videojuegos portátiles quedaron a disposición de la Jefatura de Vía Pública del Ayuntamiento, mismos que serán entregados a la Fiscal General del Estado (FGE) para determinar la procedencia de los mismos, y en caso de que alguno de ellos sea producto de un robo, los responsables serían puestos a disposición de un juez de control.
Operativo conjunto en el Centro Histórico
Durante la tarde del pasado miércoles, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), en coordinación con la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom), implementaron un operativo en la 8 Poniente, entre 9 y 11 Norte para terminar con la impunidad con la que operaba esta red criminal en pleno Centro Histórico, vendiendo celulares robados o de contrabando.
Según el Ayuntamiento, durante el operativo se lograron decomisar: 231 celulares, 152 micas para dichos dispositivos, dos mesas blancas, cuatro mesas de madera, 128 cables para Smartphone, 321 cargadores, dos bocinas, 276 audífonos, 10 sujetadores para celular, 54 tarjetas, seis baterías de celular y dos tabletas.
Este grupo de ambulantes, respaldado por la organización Antorcha Campesina realizó una manifestación a las afueras del Juzgado Calificador para acusar que el operativo fue una injusticia, al tener pactos con el gobierno para dejarlos trabajar a sus 'anchas' en la vía pública.
Con base en el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (Coremun), la sanción por “cambiar, condicionar o explotar de cualquier forma el uso o destino de la vía pública” va desde una amonestación, 36 horas de arresto o el pago de una multa que va de las 15 a las 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s), lo que equivale a una multa de hasta ocho mil 450 pesos.
Carlos Cózatl
@cr_cozatl