En un año la Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción derivadas de los sismos del 2017 fue de las menos productivas durante el primer año de LX Legislatura al sólo convocar a tres sesiones en las que no se destaca ningún avance importante en beneficio de los poblanos afectados el 19 de septiembre del 2017.

A casi dos años del terremoto de 7.1 grados en escala de Richter que dejó un total de 46 muertos y más de una centena de heridos, afectaciones en más de 32 mil viviendas, mil 614 escuelas, 14 hospitales, 82 clínicas de salud y 620 templos, el colegiado encargado del seguimiento específico de estos daños ha resultado inoperante.

Dicha comisión especial se conformó con los diputados Gerardo Islas Maldonado, presidente de la misma; Héctor Alonso Granados como secretario y los vocales Nibardo Hernández Sánchez, Guadalupe Muciño Muñoz, Marcelo García Almaguer y Liliana Luna Aguirre, quienes de las tres comisiones sólo dos han sido efectivas de trabajo, ya que en la primera sesión del 26 de septiembre del año pasado sólo se llevó a cabo la instalación de la misma, en donde los diputados se comprometieron a “servir y dar resultados a las familias que requieren del apoyo de la autoridad”, según lo dicho por el propio presidente de la comisión.

En la segunda sesión con fecha de 7 de noviembre de 2018, se dio a conocer el Plan de Trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción Derivadas de los Sismos de 2017.

Mientras que en la última sesión del pasado 21 de mayo se exhortó al Gobierno federal y las administraciones de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos Guerrero y Ciudad de México a publicar detalladamente en sus portales de transparencia la información relativa a la ayuda de damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre de 2017.

Además de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a clarificar y otorgar los montos correspondientes para cada uno de los beneficiarios censados, así como el nombramiento de un comisionado para hacerse cargo de la revisión de dichos datos sin que hasta este momento se haya dado a conocer el nombre de esta persona.