En total soledad Daniel Valdés Amaro tomó protesta como presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), toda vez que durante el acto protocolario no se contó con la representación de ninguno de los tres poderes de gobierno.

Después de que Catalina Aguilar Oropeza cumpliera con su periodo al frente del CCP, la presidencia recayó en Valdés Amaro, quien aseguró que dentro de sus principales objetivos estará la de fortalecer al SEA además de generar una mayor vinculación con la sociedad para combatir los niveles de corrupción y de impunidad que existen en el estado.

Sin tener el acompañamiento de ningún funcionario del gobierno estatal o del Congreso local, se realizó la toma de protesta de Valdés Amaro como presidente del CCP, pese a que en el informe del SEA sí había representantes gubernamentales.

Durante el evento también se realizó la toma de protesta de la académica de la Escuela Libre de Derecho, Eira Zago Castro, como nueva integrante del CCP, toda vez que fue seleccionada por parte del Comité Seleccionador dentro de una lista de 11 aspirantes para integrarse al organismo.

Daniel Valdés indicó que durante el último año el SEA realizó un diagnóstico sobre la situación de corrupción en el estado, el cual arrojó que existe un alto grado de impunidad. Además, de acuerdo con información del Inegi, los temas de seguridad así como de atención en ventanillas, como el caso del Instituto Registral y Catastras, es donde más casos de corrupción se presentan.

Asimismo, indicó que se realizaron tres propuestas al Congreso del Estado destacándose la de la autonomía para la Fiscalía Anticorrupción, a fin de tener un mayor seguimiento en los casos de corrupción que son denunciados, además de seis exhortos que han realizado.

“De alguna manera el sistema pueda estar realmente conectado, que realmente haya una coordinación adecuada para que pueda funcionar de mejor manera a lo que lo ha venido haciendo”, declaró.

Reconoció que el CPC no cuenta con las capacidades para realizar investigaciones o imponer sanciones por casos de corrupción, toda vez que dichas facultades son de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía Anticorrupción.