El Juez Segundo de Distrito de Quintana Roo, Gerardo Vázquez Morales, sustentó su negativa de girar una orden de aprehensión en contra del ex gobernador Mario Marín Torres y el resto de los implicados en la acusación por tortura en contra de Lydia Cacho por la supuesta ausencia de pruebas fehacientes de que la periodista fue torturada y debido a que Kamel Nacif no es servidor público y no podía ser acusado de tortura.
De acuerdo con información periodística del caso que obra en el expediente del toca penal 4/2019-IV, el agente del Ministerio Público Federal adscrito al caso solicitó en primera instancia la emisión de cuatro órdenes de aprehensión al juez Gerardo Vázquez dentro de la causa penal 26/2018 iniciada por el delito de tortura.
Las órdenes de captura eran en contra de Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla; Kamel Nacif Borge, empresario textilero; Adolfo Karam Beltrán, ex director de la Policía Judicial de Puebla; y Juan Sánchez Moreno, ex director de mandamientos judiciales de la Procuraduría General de Justicia.
Sin embargo, el juzgador consideró que en el caso de Kamel Nacif era imposible obsequiar la orden de aprehensión por ese delito pues para ello se debía acreditar que el presunto responsable tenía un carácter de servidor público al momento en que se cometió el delito, debido a que dicho proceso es exclusivo para funcionarios de gobierno.
En lo que respecta a Marín Torres y a los ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Vázquez Morales consideró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no eran suficientes para acreditar que hubo daños graves de forma física o psicológica contra Lydia Cacho que permitieran acreditar el agravio por tortura.
Tribunal Unitario da revés
Del mismo modo, se reveló que la magistrada María Elena Suárez Préstamo del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito de Quintana Roo, realizó una revisión que duró cerca de cuatro meses en donde valoró las justificaciones expuestas por el Ministerio Público al momento de realizar el recurso de apelación.
En el tema de Kamel Nacif, la magistrada tomó en cuenta que el Ministerio Público calificó al llamado ‘Rey de la mezclilla’ como un instigador a la tortura, es decir, que fue a través de él que el gobernador autorizó a la PGJ recibir la denuncia contra Lydia Cacho por difamación y calumnias, además de su detención.
Retomó que el Ministerio Público integró evidencia de que existía una amistad entre Marín Torres y Kamel Nacif, ya que este último apoyó económicamente la campaña a la gubernatura de Puebla del priista, por lo que incluso se podía tomar como una devolución de favores.
En tanto que para Marín Torres, Adolfo Karam y Juan Sánchez, la magistrada consideró que había evidencia suficiente para suponer que existió agresión contra la periodista en un traslado terrestre de Cancún a Puebla, pese a que varios dictámenes psicológicos no arrojaron datos concluyentes sobre las afectaciones graves.
Pese a la orden judicial emitida por el Tribunal Unitario, Marín, Nacif y Karam llevan más de dos meses prófugos de la justicia mexicana, aún y cuando la Fiscalía General de la República asegura que ya se emitió una Ficha Roja para permitir la captura de cualquiera de los tres estando en el extranjero.
Hasta la fecha es Juan Sánchez el único que está detenido e internado en el Cereso de Cancún.
Maribel Morillón
@Diario_Cambio