El gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó que es necesario realizar un estudio sobre las condiciones jurídicas y económicas que implicaría la cancelación del contrato de agua potable con Agua de Puebla para Todos.

El mandatario electo abrió la posibilidad de que se continúe el contrato con la concesionaria siempre y cuando se garantice el derecho del servicio para los usuarios y no como un negocio para la empresa.

Asimismo, aseguró que antes de tomar una postura respecto a la posibilidad de cancelar el contrato con Agua de Puebla para Todos, se debe analizar a profundidad el contrato para tomar la decisión.

Sin embargo, rechazó que se vaya a tolerar un contrato injusto para el Estado y los usuarios, por lo que, de ser necesario, se iniciarían los procedimientos legales para la cancelación del acuerdo.

“No voy a tener una posición sino hasta que tenga estudios perfectamente definidos de las condiciones jurídicas y económicas del tema, hay que tomar decisiones perfectamente fundadas”, declaró.

Barbosa Huerta dio a conocer que ya sostuvo una primera reunión con la concesionaria para poder mejorar las condiciones del servicio que ofrece, ante las múltiples críticas que ha recibido.

Consideró que es necesario que Agua de Puebla para Todos cumpla de manera inmediata con las condiciones de inversión acordadas y no a mediano plazo, como planteó la concesionaria.

“Ya tuve la primera reunión con la empresa y encontré en ellos la posición de dialogar, las cosas no pueden quedar como están, tienen que cumplir su plan de inversión no en el plazo prorrogado de cinco a diez años que aparece en el documento, nosotros vemos al agua como un derecho, no como un negocio”, expresó.

De acuerdo con el contrato que se firmó con Agua de Puebla para Todos, la empresa plantea obtener ganancias de 173 mil millones de pesos durante los 30 años que durará la concesión que tiene y que comenzó en el 2014, otorgando una inversión de apenas cinco mil 330 millones 518 mil 66 pesos.

Además, dentro del contrato se contemplan 20 causales que pueden provocar la cancelación del contrato, entre las que se encuentran  opacidad de cuentas, la falta de inversión y la entrega de documentación falsa, siendo el gobierno estatal el único con las facultades para terminar el acuerdo.