Viernes, 23 de Agosto del 2019

Estos son los ex ediles de San Pedro, San Andrés, Amozoc y Cuautlancingo, cómplices de la privatización

Martes, 16 Julio 2019 02:53
Estos son los ex ediles de San Pedro, San Andrés,  Amozoc y Cuautlancingo, cómplices de la privatización

Eduardo Rivera la libró, el director del Soapap firmó a favor de la privatización  en la capital. Los panistas Andrés Coyotl, Lola Parra, Filomeno Sarmiento y Rosa Elva de Ita firmaron sin chistar la privatización del suministro de agua a la concesionaria Agua de Puebla.

Carlos Cózatl

@cr_cozatl



Los ex presidentes municipales panistas Andrés Coyotl Coyotl, de San Andrés Cholula; Dolores María del Carmen Parra Jiménez, de San Pedro Cholula; Filomeno Sarmiento Torres, de Cuautlancingo; y Rosa Elva de Ita Marín, de Amozoc, entregaron en ‘bandeja de plata’ los servicios públicos a Agua de Puebla para Todos, al firmar el Convenio de Coordinación entregando la prestación al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (Soapap).


Aunque Puebla capital, en ese entonces bajo la administración de Eduardo Rivera Pérez, es uno de los municipios donde se impuso que Agua de Puebla para Todos tuviera la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, no era necesaria su firma, ya que quien absorbería las funciones sería el propio Soapap, siendo el director de este organismo, Manuel María Urquiza Estrada, el facultado para dar el aval en el tema de la concesión.   


Andrés Coyotl Coyotl, alcalde de San Andrés Cholula; Dolores María del Carmen Parra Jiménez, de San Pedro Cholula; Filomeno Sarmiento Torres, de Cuautlancingo, y Rosa Elva de Ita Marín, de Amozoc, fueron los responsables de firmar este trato en el que cedieron a Soapap recaudar los derechos generados por la prestación del servicio, sancionar las infracciones dentro de la Ley del Agua para el estado, actualizar las tarifas y la facultad de concesionar, ceder transferir y asignar de forma total la prestación del servicio.


Los municipios deberán de pagar al Soapap los derechos por el saneamiento de aguas residuales sin poder ver ni un solo peso de lo recaudado por la ahora empresa Agua de Puebla para Todos, es decir, sin poder tener un beneficio para los ayuntamientos al ceder estos derechos.


De acuerdo al Convenio de Coordinación que se encuentra en el Anexo 4 del Título de Concesión, signado por estos cinco ex alcaldes, éstos tenían el derecho de ‘terminar anticipadamente’ el convenio sin la necesidad de declaración judicial mediante una sola notificación por escrito con 120 días de anticipo, requiriendo la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo.


Sin embargo, ninguno de los municipios realizó este procedimiento, siendo hasta el mes de diciembre, tres meses después, a exactamente 120 días de firmado el convenio, que se entregó la privatización del agua a Concesiones Integrales, lo que eliminó cualquier posibilidad de remunicipalizar el servicio, pues de acuerdo al inciso b del apartado de ‘Terminación anticipada y efectos’ se acordó entre las partes que “en caso de que la prestación de los Servicios Públicos sea concesionada por el Soapap, o bien que el Soapap hubiere celebrado cualesquiera de los otros actos jurídicos a que se refiere la Cláusula 2, la terminación anticipada del Convenio de Coordinación, ya sea por parte del municipio o Soapap, no surtirá efectos sino hasta que se liquide, en su totalidad, las indemnizaciones que correspondan en favor de los concesionarios”, cita el documento.


Por este motivo, los ayuntamientos de estas cuatro demarcaciones no pueden sumarse a la remunicipalización del agua al haber cedido en su totalidad los derechos a Soapap, quien a su vez se los entregó a la entonces Concesiones Integrales, hoy Agua de Puebla para Todos.


El caso más indignante se dio en San Andrés Cholula, a manos de Andrés Coyotl Coyotl, alcalde interino que tan solo duró cuatro meses en el cargo tras la salida de Miguel Ángel Huepa Pérez, debido a una serie de irregularidades financieras.


Mientras que los otros tres alcaldes lograron terminar su administración, fueron sometidos a observaciones por pate de la Auditoría Superior del Estado (ASE) dentro de sus cuentas públicas, sin que pudieran regresar a la vida política hasta ahora.


Hasta el momento se desconoce si el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa, o el Congreso del Estado iniciarán un procedimiento en contra de estos funcionarios, quienes permitieron este ‘negocio’ para Agua de Puebla, al no recibir ninguno de los ayuntamientos algún tipo de beneficio económico al perder todas las facultades de los servicios públicos.


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