Karen Berlanga Valdés, titular de la Secretaría de la Función Pública, confirmó que encuentran en desarrollo auditorías en contra de  los funcionarios públicos que trabajaron en  los gobiernos de Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad e inclusive  del interinato de Guillermo Pacheco Pulido.

En entrevista, la funcionaria indicó que las auditorías contemplan a todos los gobiernos desde el 2011, además sancionará a todos los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades, independientemente de quiénes sean.

Cabe mencionar que Berlanga Valdés formó parte de las tres administraciones antes mencionadas ocupando distintos cargos, las cuales ahora investiga desde la SFP.

En este sentido, afirmó que se aplicará la ley independientemente de quiénes sean los personajes responsables por las irregularidades encontradas en las investigaciones.

Señaló que dependiendo del tipo de falta en la cual se haya incurrido, se determinará si el caso es enviado al Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se apliquen las sanciones correspondientes.

“Cualquier investigación puede alcanzar a cualquier funcionario siempre y cuando tengan relación los casos con los funcionarios públicos, tenemos que ser muy responsables”, declaró.

Berlanga Valdés evitó precisar el número de expedientes con los cuales se cuenta actualmente, así como el tiempo que durarán las averiguaciones, pues afirmó que se tienen que seguir los procesos legales.

En este sentido, indicó que las auditorías que se encuentran realizando también contemplan el uso de los recursos que han sido enviados por parte de la Federación a fin de verificar que hayan sido usados conforme lo etiquetado.

“Son muchísimas auditorías, no se audita solamente porque haya un caso en específico, se audita de manera natural porque hay que darle un seguimiento a cómo se gastan los recursos tanto estatales como federales, hay muchos temas que están en proceso”, declaró. 

El pasado domingo el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que parte de los recursos destinados a la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre fueron malversados en anteriores gobiernos, por lo que también se encuentran siendo investigados para sancionar a los responsables.