La información de la deuda pública que heredaron los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad fue clasificada como reservada, complicando que se tenga acceso a ella, reconoció la presidenta del Itaipue, Laura Carcaño Ruiz.

En entrevista, la titular del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) indicó que actualmente cuentan con 712 expedientes en proceso de revisión, sin embargo dijo que aún no se cuenta con una clasificación de cuántos de ellos son referentes a información reservada.

En este sentido, indicó que el Itaipue no cuenta con facultades para realizar la revisión de los expedientes por cuenta propia, pues es necesario que se presente un recurso por parte de un recurrente para iniciar con el procedimiento.

Del mismo modo, señaló que los sujetos obligados son los responsables de otorgar la clasificación de la información, la cual fue utilizada de manera frecuente por el ex gobernador Rafael Moreno Valle.

“Hay información que por causales legales que prevé la misma disposición no se puede entregar. Los que emiten los acuerdos de reserva son los sujetos obligados, nosotros únicamente acá los revisamos”, dijo.

En este sentido, detalló que se podrá hacer una revisión de los expedientes en caso de que el gobierno encabezado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta así lo solicite, pues se pronunciaron a favor de su mensaje de transparencia y combate a la corrupción.

En otro tema, se informó que 143 sujetos obligados no solventaron las observaciones que les fueron realizadas durante el proceso de verificación, por lo que se harán acreedores a multas de 12 mil 200 pesos.

El listado se encuentra conformado en su mayoría por gobiernos municipales, al encontrarse a 132 ayuntamientos que no solventaron sus observaciones, entre los que se destacan Huejotzingo, Cuetzalan y Amozoc.

Dentro del listado también se encuentran los partidos políticos de PAN, PRI, PRD, Encuentro Social, Morena y PT. Mientras que otros sujetos obligados que tampoco cumplieron con la transparencia de su información en su portal web son Coparmex, la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital y el Fideicomiso Profocie.