Después de acusar una supuesta censura por parte de los medios de comunicación poblanos, los diputados del PAN ‘lloriquearon’ a nivel nacional al acudir al Senado para denunciar una presunta imposición al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por parte de la Cuarta Transformación. Por su parte, el diputado de Morena Gabriel Biestro Medinilla señaló que no existen fundamentos jurídicos para revocar el proceso.

Sin aportar nada nuevo en sus declaraciones ni informar cuál será el proceso legal que llevarán a cabo en contra de la supuesta imposición de Francisco Romero Serrano, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, coordinadora de la bancada del PAN, y los diputados Oswaldo Jiménez López y Raúl Espinosa Martínez, fueron respaldados por el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Mauricio Kuri.

“Les pido que sean ustedes el conducto para que los mexicanos se enteren que en Puebla los diputados de Morena y sus aliados han hecho letra muerta de la Constitución Política de México y la de Puebla”, acusando que los legisladores de la Cuarta Transformación con tan sólo 27 votos lograron imponer en la ASE a Francisco Romero Serrano como auditor carnal.

Rodríguez Della Vecchia acusó que desde la oficina del gobernador Miguel Barbosa Huerta, se ejerce presión sobre los medios de comunicación para no dar nota de este hecho, a pesar de que en reiteradas ocasiones los diputados panistas han sido entrevistados sobre el proceso de impugnación que llevarán a cabo en contra de esta designación.

“Las y los diputados de Acción Nacional no permitiremos que quede impune la violación a la Constitución, nuestro equipo jurídico está integrando el recurso que será presentado en tiempo y forma ante las instancias oficiales generales y que se realice con estricta observancia del mandato constitucional”, dijo Rodríguez Della Vecchia sin ofrecer ningún dato nuevo a lo ya expresado en entrevistas anteriores.

Por su parte, el diputado de Morena Gabriel Biestro Medinilla señaló que los diputados están en su derecho de manifestarse e impugnar este proceso, aunque a su parecer no existen fundamentos jurídicos que avalen sus dichos, pues el proceso se llevó con respecto a la ley.