El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, aseguró que el 2020 será un año fundamental para retirarle la concesión a Agua de Puebla y de esta manera remunicipalizar el servicio de agua potable y alcantarillado a los poblanos.

En entrevista, el diputado morenista aseguró que la aprobación de la iniciativa que presentó en conjunto con la diputada Nora Merino Escamilla para prohibir el corte del servicio de agua potable y alcantarillado por adeudos en casas con un consumo menor a 500 litros, es un paso fundamental para revocar la concesión.

“Nunca ha habido una ley así, nunca ha habido un respaldo a la ciudadanía, nunca. Ahora lo quisieron evitar pero lo vamos a hacer, ese va a ser el primer paso de todo lo que se tiene que hacer y que va a culminar con echar abajo la concesión del agua, también no se le puede engañar a la gente” sentenció el diputado.

En ese sentido, señaló que se está trabajando de manera conjunta con el Ejecutivo del estado para revocar de la mejor manera la concesión, pues debe estar sustentado jurídicamente para que no represente un gasto para el estado, por parte de los diputados trabajarán desde el plano legislativo para lograr el objetivo.

“El asunto de la concesión del agua no se puede borrar de un plumazo, le costaría muchísimo al Gobierno del Estado y saldría muy beneficiado la concesión, entonces lo vamos a hacer de manera muy responsable jurídicamente, lo está haciendo también como lo decía el Gobierno del Estado y nosotros ayudar en la parte legislativa”, enfatizó el diputado.

La iniciativa presentada por Gabriel Biestro y Nora Merino Escamilla consiste en modificar la Ley de Agua para el Estado de Puebla y de esta manera prohibir que la concesionaria Agua de Puebla pueda realizar cortes del servicio a viviendas que tengan un consumo máximo de 500 litros diarios.

Además, se le retira a la empresa antes mencionada la posibilidad de realizar un corte del servicio por motivos que considere la entidad privada, y señala que sólo el gobierno estatal y municipal están facultados para indicar los motivos del corte del servicio para los ciudadanos; cabe destacar que también se prohíbe el uso de la fuerza pública para realizar el retiro del servicio.