El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, decidió tomar un camino distinto al del Gobierno del Estado al promover asesoría legal para aquellos que deseen evitar el reemplacamiento, sin embargo, dicha acción no es un ‘acto de guerra’, consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal afirmó que respetará la postura que ha emitido la universidad ante el proceso de reemplacamiento, al mismo tiempo de señalar que de esa manera se evidencian las intenciones de Esparza Ortiz tanto en el ámbito administrativo como en el social.

“Está a la vista la intencionalidad de ese comportamiento administrativo y social, creo que es una decisión que asumió el rector Esparza, allá él”, declaró.

Barbosa Huerta aseguró que cada persona está en su derecho de promover un amparo ante el proceso de reemplacamiento, por lo que en caso de que estos sean aprobados por el Poder Judicial, serán respetados.

Descartó que dicha acción emprendida por la BUAP dé comienzo a una guerra entre la institución educativa con el Gobierno del Estado, pues están en su derecho de emitir la postura que deseen.

Evitó entrar en una mayor discusión sobre el tema, afirmando que dicha postura fue la que decidió el rector Esparza Ortiz, por lo que también se respetará el camino que haya decidido tomar en dicho tema.

“Es el derecho de cualquier interesado promover un amparo y si le ajusticia la unión los amparos y protege, lo respetaremos, es la posición del rector, la entiendo así y no le doy más vueltas a las cosas”, declaró.

Inclusive aseguró que se buscará incrementar los recursos de la máxima casa de estudios en el estado para generar una ampliación en la matrícula estudiantil y abrir nuevos campus escolares.

Respecto a la cancelación de la auditoría preventiva a la BUAP por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Miguel Barbosa evitó emitir una postura, limitándose a decir que no es un tema que entre dentro de las facultades del Poder Ejecutivo.

El pasado martes, la BUAP anunció que dará asesorías gratuitas a aquellos poblanos que deseen evitar el proceso de reemplacamiento, el cual tendrá un costo de 965 pesos y se espera que entre en vigor en el mes de abril.

El proceso de reemplacamiento se realiza debido a las irregularidades que se encontraron dentro del padrón vehicular del estado, por lo que se busca generar un padrón modernizado que contribuya a la seguridad de los automovilistas.