Viernes, 27 de Noviembre del 2020

Transportistas se retractan de acuerdo de modernización: que la solvente el gobierno

Jueves, 06 Febrero 2020 01:33
Transportistas se retractan de acuerdo de modernización: que la solvente el gobierno

Samuel Méndez, Delfino Juan Reyes y José Efrén Ignacio Abascal se alzaron en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta para acusar que fue el propio Poder Ejecutivo quien ‘incumplió’ los acuerdos firmados en septiembre de 2019

Carlos Cózatl

@cr_cozatl



A menos de una semana de que se cumpla el plazo para que los concesionarios cumplan con la modernización de las unidades, la Unión de Transportistas de Puebla rompió los acuerdos con el Gobierno del Estado al justificar que el incremento de 2.50 pesos a la tarifa del transporte público es insuficiente para subsidiar la cuota de estudiantes, discapacitados y personas de la tercera edad, además de la instalación de sistemas de seguridad, pues es la responsabilidad del gobierno solventar estas necesidades.


A través de un desplegado publicado en El Sol de Puebla, Samuel Méndez Díaz, presidente del gremio de transportistas; Delfino Juan Reyes Bocardo, presidente de Alianza de camioneros de Puebla; y José Efrén Ignacio Abascal Rodríguez, secretario del Sindicato del Transporte, se alzaron en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta para acusar que fue el propio Poder Ejecutivo quien ‘incumplió’ con los acuerdos firmados en el mes de septiembre del 2019.


“Aun con este incremento en el precio, el estado de Puebla continúa teniendo la tarifa más baja del país, y cuando se autorizó el incremento no faltaron declaraciones ligeras, infundadas e irresponsables al respecto del tema”, cita el desplegado en el que también se ponderó que de los 2.50 pesos, uno sería destinado a gastos de operación y 1.50 pesos para la modernización de las unidades.


Sin embargo, señalaron que con los descuentos realizados a los estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados, no se puede costear la ‘modernización’ de las unidades del transporte público, por lo que exigieron que el gobierno subsidie estos costos.


Asimismo, detallaron que la seguridad es responsabilidad única y exclusiva del gobierno, pues “no es obligación de los concesionarios la seguridad respecto a la violencia en contra de los usuarios, robos, asaltos atracos y homicidios”, por lo que no pueden cumplir con los sistemas de seguridad ‘que por ley están obligados’, a pesar de que actualmente son pocas las unidades del transporte público que cuentan con botones de pánico o cámaras de vigilancia.


Por esta razón, plantean que el Gobierno del Estado dé marcha atrás a los acuerdos ya signados a fin de establecer “prioridades para efectuar de manera gradual y realista”, por lo que no descartan una modernización del transporte, sin detallar una fecha concreta.


 

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