La relación de los concesionarios del transporte público con el Gobierno del Estado pasó ‘del amor al odio’, pues tras aprobarse el acuerdo del incremento al costo del pasaje, se generaron roces entre ambas partes por la tarifa estudiantil, provocando que los transportistas se amparen ante las medidas.

Después de ocho años en los cuales la tarifa del transporte público no tuvo modificaciones a pesar de los intentos de los transportistas de conseguirlo, el pasado 6 de octubre la administración encabezada por Miguel Barbosa Huerta autorizó un incremento de 2.50 pesos a la tarifa, a cambio de que en un plazo de 120 días se modernizaran las unidades  y se mejoraran los temas de seguridad.

Asimismo, se estipulaba que las concesiones de aquellos que no cumplieran con los acuerdos correrían el riesgo de ser retenidas e incluso retiradas, lo cual fue aceptado por los permisionarios.

Dicho acuerdo fue celebrado por todos los grupos transportistas, quienes afirmaron que el aumento les permitiría mejorar las condiciones en las cuales operaban, e inclusive poner en marcha algunas unidades que se encontraban fuera de circulación.

De esta manera, fue el 12 de octubre del año pasado cuando entró en vigor la nueva tarifa del transporte público, por lo que los precios pasaron a ser de 5.50 y 6 pesos a 8 y 8.50 pesos, mientras que en el caso de las rutas suburbanas también se aplicó el incremento de 2.50 pesos.

Tarifa estudiantil provoca la ruptura

Las diferencias entre la administración estatal con los transportistas comenzaron unos días después de la entrada en vigor del nuevo costo del pasaje, pues después de escuchar las demandas de distintos grupos sociales, el gobernador Miguel Barbosa anunció que se aplicaría una tarifa preferencial para todos los estudiantes, decisión que molestó a los concesionarios pues no se les consultó sobre el tema.

En dicho anuncio, se indicó que se haría un proceso de credencialización para tener un control sobre la aplicación de la tarifa estudiantil, pues los alumnos de todos los niveles educativos continuarían pagando los precios anteriores que eran de 5.50 y 6 pesos.

Como medida de apoyo a los transportistas, se anunció que se les daría un subsidio a cambio de la tarifa de estudiantes, por lo que se destinarían alrededor de 25 millones de pesos para ello, por lo que los concesionarios solo debían presentar la documentación que avalara la legalidad de su ruta, así como una cuenta bancaria, sin embargo sólo cuatro mil de ellos cumplieron el trámite.

Transportistas rebeldes se amparan

Inmediatamente después de que fue anunciada la tarifa estudiantil, los transportistas señalaron que no podrían cumplir con las medidas de modernización en el plazo establecido, hecho por el cual un grupo de alrededor de150 transportistas interpusieron un amparo colectivo en contra de la modernización, mismo que presentaron en diciembre del año pasado.

Entre los argumentos del recurso legal se encuentra que la aplicación de la tarifa estudiantil mermó las ganancias que esperaban percibir con el aumento a la tarifa y que destinarían las tareas de seguridad.

Del mismo modo, señalaron que la instalación de los dispositivos de seguridad sería en vano si las propias autoridades no mejoraran la respuesta que tenían ante la denuncia de los hechos delictivos que se registran en las rutas.

Cumplen o al corralón

Ante los amagos de los transportistas de no cumplir con el acuerdo pactado, el gobernador Miguel Barbosa les recordó que las unidades incumplidas serán  enviadas al corralón, como lo estipulaba el acuerdo.

De esta manera, este jueves la Secretaría de Movilidad y Transporte comenzará con los operativos para detectar que se hayan cumplido, por lo que se sancionará a aquellas que no lo hayan hecho.