Este miércoles, las comisiones unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República aprobaron por mayoría el dictamen para la regulación integral del consumo de la marihuana en el país.

El dictamen pasará al Pleno donde será discutido y, en su caso, aprobado.

"Este es un dictamen polémico, va a ser muy complicado quedar bien con todos los interesados en el tema pero lo estamos haciendo con una gran convicción", dijo José Ramón Menchaca Salazar, senador por Morena y presidente de la Comisión de Justicia.

El documento reconoce el autoconsumo para uso adulto, prevé el otorgamiento de permisos para que las asociaciones puedan comercializar y producir marihuana, entre otras; también se elimina la necesidad de que las personas manifiesten expresamente su consentimiento libre e informado para utilizar la cannabis.

El dictamen mantiene la prohibición para que las personas que la utilicen para autoconsumo, tengan en sus casas más de cuatro plantas; restricciones para evitar su consumo frente a menores de edad; que los consumidores deberán tener en sus viviendas características específicas y barreras físicas para evitar que otras personas tengan contacto con su cannabis; y se les obliga a adquirir el cannabis psicoactivo solo en los lugares autorizados.

También se permite la comercialización del cannabis a mayores de edad y a personas jurídicas colectivas y legalmente constituidas; se prohíbe la venta de más de 28 gramos por día a una sola persona; también se permite la existencia de espacios físicos administrados por asociaciones de autoconsumo que deberán tener permisos.

De igual manera, se elimina el cáñamo de la lista de sustancias psicoactivas; y se señala que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Se establecen penas de prisión de 3 a 6 años cuando una persona porte entre 200 gramos y 28 kilos de marihuana sin contar con los permisos que marque la Ley, cuando se acredite la intención de venderla o suministrarla de manera gratuita; y penas de 10 meses a 3 años de prisión aun cuando no se pueda acreditar que la persona buscaba comercializarla.

Con información de: El Universal