En estos días del mes de febrero de 2020, se esta formalizando la reforma a la ley federal del trabajo. Un debate del Congreso de la Unión, que está quedando en el olvido de la generalidad de la población ante tantos problemas que han salido al flote en nuestra nación, como la pasividad económica que atravesamos y la inseguridad pública latente, o los problemas artificiales, es decir, los causados por el propio sistema. Por esto, aquel ciudadano de a pie queda impedido para visualizar este debate legislativo que, de autorizarse, provocaría una más de las desestabilidades en el país, criminalizaría a quienes ni conocimiento tienen al respecto de lo que va a suceder, provocaría que muchos que se encuentran en la irregularidad administrativa se conviertan en delincuentes, y esto sucedería de un día para el otro.

De la iniciativa presentada por el ahora partido oficial en el Senado para reformar la ley federal del trabajo se desprenden consideraciones tales como que ciertas acciones que normalmente realizan los empleadores como cuestiones meramente rutinarias se conviertan en actos simulados; una de ellas es la siguiente: “Queda prohibido y se consideran como actos simulados para efectos de esta ley, cuando se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis: a) Cuando la subcontratación de personal de trabajo tenga por propósito que el contratista provea de trabajadores para realizar las actividades preponderantes o esenciales, conforme al giro del negocio, industria, sector productivo o de prestación de servicios al que pertenezca el contratante o beneficiario”.

Si bien esta acción ya era prohibida por la propia ley federal del trabajo y ya se establecía una sanción económica que imponía la secretaria del trabajo, lo cierto es que esta entidad de la administración pública no la llevaba a cabo. Por su parte, para los empleadores es una acción muy común que los trabajadores sean sub-contratados, y, como no ha habido consecuencia alguna al respecto, porque la autoridad administrativa laboral no realiza visitas de inspección al respecto ni, menos, impone multas; entonces, era considerada por la generalidad como una acción, no de las prohibidas por la ley federal del trabajo, sino permitidas y meramente rutinaria.

Ahora esta misma acción ya no tiene como consecuencia una simple multa impuesta por la Secretaría del trabajo, sino que se considera como acto simulado, como lo establece la iniciativa de ley. Así, tendrá consecuencias de carácter penal, pues se puede tipificar como operaciones inexistentes, defraudación fiscal e, incluso, como el delito de lavado de dinero; es decir, de una mera irregularidad administrativa, pasará a ser un delito e, incluso, uno de los de mayor consecuencia.

Así, muchos de los empleadores, cuando entre en vigor esta disposición, ni siquiera estarán enterados que su actividad rutinaria se convertirá en la comisión de un delito. Por otro lado, muchos verán esta reforma como un golpe a los empleadores y a las fuentes de empleo. De modo que, ante el desconocimiento, pero sobre todo ante el miedo que esta administración pública ha inyectado y generalizado respecto a las consecuencias de no pagar los impuestos, es evidente que será un clavo más para que se cierren empresas y centros de trabajo (como siempre los más pequeños e, incluso, medianos, que son los de propietarios nacionales) o, bien, para que los empleadores caigan en la irregularidad de contar con trabajadores no inscritos formalmente en las autoridades; lo que representaría el no pago de los impuestos a los trabajadores y la falta de servicios de seguridad social a éstos. Entonces, se dará un paso más al mundo de la ilicitud. Esto da a entender que pareciera que en este país es más fácil hacer lo ilícito que lo licito. Ahora bien, lo peor que pudiera pasar es que, con estas medidas intempestivas de reformar esta ley federal del trabajo, con el ánimo de defender los derechos de los trabajadores, nos quedemos sin trabajadores.