Viernes, 05 de Junio del 2020
Martes, 19 Mayo 2020 02:01

Colombiando

Colombiando Escrito Por :   Silvino Vergara

En el caso de las bases militares en Colombia, no sólo se ofende la dignidad colectiva de América Latina, sino también  la inteligencia de cualquiera [...]”. Eduardo Galeano


 

La historia reciente de Colombia es de mucha violencia. Basta con repasar los últimos años para cerciorarse de ello; aspecto en el que ha ayudado la intervención de los Estados Unidos de América en ese país sudamericano, tal como podemos ver en la palabras del escritor Eduardo Galeano, cuando ha citado un breve antecedente: “En 1986, el presidente Ronald Reagan y la guerra contra las drogas recibió un multimillonario impulso […]. Desde entonces, aumentaron sus ganancias los narcotraficantes y los grandes bancos […] la guerra contra las drogas, que ha hecho de Colombia una gran base militar norteamericana, está convirtiendo a México en un enloquecido matadero” (Galeano, Eduardo, Colombiando, Colombia: Cepa Editores, 2016).

 

Por ello se formaron en Colombia los grupos de élite del ejército, el propio ejército, la guerrilla, las guardias blancas, los paramilitares, la policía y todo un sinfín de grupos que promueven y riegan la violencia por todo el territorio colombiano. Todos esos dramáticos sucesos, así como nuestra propia vivencia, pueden servirnos de experiencia, pues tanto México como Colombia sufrieron la pérdida de gran parte de sus territorios por intereses norteamericanos. Por ello son muy similares las historias de estos dos países, y, con las últimas medidas para combatir la inseguridad pública en México, pareciera que México cada día está más cerca de Colombia que de la propia Venezuela —como muchos insisten—.

 

Y es que pareciera que lejos de ver formas menos violentas de controlar la inseguridad pública en México, sobre todo haciendo uso del derecho administrativo y no del derecho penal “in extremis”, la violencia se encontrara permanentemente incrementando pese a que se supone que hoy no hay actividad económica, que los negocios están cerrados, que no hay operaciones cotidianas. Esto es lo que parece, pero lo cierto es que esta es exactamente la oportunidad del crimen para realizar saqueos, robos, asaltos, desapariciones, etcétera. Por ende, como respuesta a ello, el pasado 11 de mayo de 2020, pareciendo más un desafortunado “madruguete” que una medida prudente y propia de un gobierno legitimado en las elecciones de ya casi hace dos años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se permite la disposición de la fuerza armada para llevar a cabo tareas de seguridad pública, en cuyo artículo primero menciona que eso sucederá debido que se esta conformando la estructura de la guardia nacional; muy al estilo de Chile, otro país que a partir del gobierno de Pinochet se inclinó del lado de los Estados Unidos de América —no de la derecha, que son dos cosas diferentes—.

 

El acuerdo en cita establece, en su artículo primero, que: “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional” (publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación).

 

De esta forma, queda un buen plazo para que se mantengan las fuerzas armadas en las calles con la pretensión de recuperar la seguridad y la paz que alguna vez existió en este país y cuyo regreso cada día se ve más lejano. El problema es que estamos siguiendo los pasos de un país como Colombia, del cual vale la pena considerar sus experiencias con esa acción militar. Así, con el fin de acabar con la guerrilla, lo que el gobierno de aquél país hizo fue un programa de recompensas a los militares. Atendiendo a ello, el gobierno autorizaba apoyos económicos o ascensos a los militares que pudieran capturar y detener a los miembros de los grupos guerrilleros; sin embargo, de ello se desprendió un problema que hasta la fecha sigue vigente y es totalmente lamentable, a saber, lo que eufemísticamente se denomina como los “falsos positivos”, es decir, aquellas ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del ejército, disfrazadas de una baja del enemigo en combate. En esta “práctica”, a los civiles asesinados se los hacían pasar por miembros de grupos guerrilleros. No obstante, después de algunos años se descubrió que claramente no lo eran. Lo sucedido fue que, ante las recompensas y los ascensos, muchos de los militares se dedicaron a matar gente y entregarla como miembros de algún grupo guerrillero, pues con esto ellos contaban con la recompensa y los premios otorgados. A razón del conocimiento de esto, en Colombia se ha levantado mucha indignación y problemas; los cuales se han ido incrementando debido a que se ha evidenciado que tales asesinatos se llevaron a cabo casi por todo el país.

 

Esto que desafortunadamente le sucedió a Colombia, es un ejemplo del riesgo en América latina de que el ejército esté en las calles de las ciudades y las poblaciones. Hay otros ejemplos, como ocurrió tiempo atrás en los gobiernos militares en Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, República Dominicana, ni qué decir de los regímenes en España, Alemania e Italia. Por ello, la historia dicta que no ha sido nada gratificante que el ejército se encuentre en las calles de las ciudades. Evidentemente, su función es otra, más loable que esta, más gratificante, y  menos indignante que hacerlas de policía.

 

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