El título de esta breve columna atiende a que un cineasta argentino produjo, en la década de los setenta, un documental denominado: “La revolución mexicana congelada”. Raymundo Gleyzer, que después fue desaparecido por el régimen militar argentino y de quien no se supo más, produjo ese documental, que fue censurado en México por 35 años, ya que habla del resultado de la revolución como algo inútil, del millón de personas fallecidas como algo inservible, de los movimientos armados que cundieron por todo el territorio nacional como demandas infructíferas, pues la extrema pobreza y las desigualdades siguen iguales, del mismo modo que la falta de oportunidades para la población. Por ello, en los tiempos de la campaña electoral de Luís Echeverría Álvarez, no se puso a la luz pública ese documental, sobre todo considerando que eran muy reciente todos los sucesos de 1968 y la persecución que entonces continuaba.

Haciendo un parangón con lo que sucedió con la revolución congelada, pareciera que a 18 meses del cambio de administración pública, que tiene como una de sus banderas de cambio a la esperanza, esa esperanza se encuentra igual que la revolución mexicana: “congelada”.

Basta con una revisión para darse cuenta de que ya es un tiempo más o menos apropiado para observar algunos cambios esenciales en México; cambios que no se refieran a meras variaciones de nombres de las dependencias o a reformas legales que no se llevan a la práctica, sino que sean precisamente el detonante que México requiere desde la propia revolución. Por doquier, en las materias donde es indispensable hacer dichos cambios, no se ha realizado nada o, por lo menos, no se ha visualizado ninguno para todos nosotros, los ciudadanos de a pie. El inicio de gobierno necesitaba partir con dos cambios sustanciales: educción e impuestos. Estos, independientemente del que corresponde a combatir la corrupción, que —al igual que el combate a la inseguridad pública— se ha quedado en puros intentos y buenos propósitos.

En la educación, por obvias razones, hay rezago educativo fácilmente desde hace 30 años por lo menos, pero, en esta materia, la administración pública actual no ha hecho nada de fondo; y no hablamos de la administración u organización, sino del contenido y la calidad de la educación. Por ejemplo, hay una ley recientemente aprobada, que ya replicó Puebla, llena de subjetividades y conceptos ambiguos que ponen a la población solamente a elucubrar. Por su parte, en lo que hace a lo más importante (el contenido de la educación), se están cambiando los libros de texto, en primer término, por electrónicos, cuando es bien sabido que cualquier escuela de la provincia y de las poblaciones (que no son donde se encuentra la mayoría de la población) no tienen toda la capacidad para que sus alumnos y profesores usen los medios electrónicos.

Pero, el problema no queda ahí. Lo más importante era que este gobierno iniciara con una convocatoria nacional a los profesores, directores, padres de familia, alumnos para plantear un cambio en un sistema educativo que está rezagándose cada día más, lo cual se traduce en profesionistas muy limitados para ejercer su profesión o, de plano, que estos busquen otras alternativa. Por su parte, el sistema tecnológico está totalmente abandonado.

Desde luego que la educación que se brinda es digna para invitar cada año a que una gran cantidad de mexicanos busquen su suerte en otros países; es decir, se sigue impulsando la migración desde las propias aulas y ya en muchos de los estratos sociales, pues ésta ya no se ha limitado a la clase más humilde. Y esto viene a colación con el segundo de los puntos que era necesario asumir desde el principio de esta administración pública: una reforma fiscal de la esperanza. Pero esto no sucedió. Esa esperanza se quedó en la manifestación, una y otra vez, de que no se incrementarían las tasas impositivas. Sin embargo, esto no es suficiente. El sistema tributario, para cualquier contribuyente que lo conoce y vive, por lo menos, desde la parte que le corresponde a su giro, está lleno de trampas, interpretaciones ambiguas, injusticias, falta de equidad, abuso de autoridades en la aplicación de la ley. Todo lo cual deja mucho que desear de la confianza que se puede tener en ese sistema tributario, que no permite ni que los ciudadanos mexicanos tengan la certidumbre suficiente para poner sus negocios. Por ello, resultan urgentes esas dos tareas. Además, el hecho de que no cambien las tasas impositivas —como es lo que se ha sostenido permanentemente— no impide ni es obstáculo para que este gobierno haga una reforma fiscal. Por lo pronto, 18 meses de iniciada la administración pública actual es un tiempo suficiente para evitar que el slogan que se utilizaba al respecto de la revolución deje de usarse para esta nueva esperanza, ya que ambas parecieran estar congeladas.