Dentro de las posiciones políticas decimonónicas, es decir, las heredadas desde el siglo XIX (pero que todavía algunos asumen, a casi doscientos años, que aún se encuentran vigentes), que consisten en las políticas públicas de izquierda y de derecha; de las que, en las primeras de éstas, se propone dar prioridad a la protección de los derechos de igualdad de la población. Por ende, en cualquier relación, esas tendencias de izquierda siempre protegerán al más débil ante el más fuerte.
En ese sentido, Luigi Ferrajli en su propuesta de un derecho penal garantista sostiene que el derecho penal es la ley del más débil, es decir, debe proteger a la víctima al procesado y al sentenciado de acuerdo con las fases del procedimiento judicial en que se encuentre el proceso.
La administración pública federal actual ha sostenido que las políticas que pretende impulsar en el país son de izquierda, por ende, esto daría a entender que es proteger los derechos de los más débiles. Sin embargo, poco se ha visto al respecto en las propuestas e iniciativas de ley; pues, en el caso de la reforma fiscal de 2020, con toda la implementación que se está estableciendo, pocas de las empresas medianas y pequeñas podrán subsistir y es inminente que cierren sus puertas y bajen sus cortinas. Tal es el caso del procedimiento masivo que se ha instaurado para, supuestamente, verificar las operaciones de empresas ‘fantasma’. Con este supuesto, debido a esa persecución masiva, no entrarán sola y exclusivamente esas empresas, ahora denominadas como ‘factureras’; pues, como el espectro de considerar a un contribuyente como ‘facturero’ es tan amplio, caben las pequeñas empresas e incluso las medianas, las que cuya estructura es conformada por una familia, o bien, pequeñas empresas agrícolas, etcétera. Todas ellas se verán afectadas seriamente con estos procedimientos de persecución masiva y lejos de que vayan encaminados a proteger al más débil, doblan el camino por el lado contrario.
Esto mismo sucede con la política de no condonación de impuestos que ha llegado al extremo de reformar la Constitución en su Artículo 28; aun cuando es claro que esos programas de condonación no están sólo para beneficiar a los más ricos como presume el imaginario colectivo, pues también beneficia a las pequeñas empresas y contribuyentes que muchas ocasiones, por falta de conocimiento de las leyes, por falta de asesoría y de capacidad para enfrentar las obligaciones tributarias, es decir, por ser los abandonados de las actuales políticas públicas, tienen deudas y problemas fiscales.
En realidad, lo que requiere el país (si efectivamente se gobierna por una administración pública federal y por una mayoría de legisladores de izquierda) es plantear muchas leyes para proteger los derechos de los más débiles, pues así como copiamos y nos imponen los organismos internaciones leyes, sería muy conveniente analizar lo que sucede con algunas leyes en nuestra región de América latina, para implementarlas en México. Tal es el caso de la denominada ‘Ley de Góndolas’, que es el nombre que se dio a un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República Argentina con el propósito de potenciar la competencia en el mercado de aquel país.
La ley pretende quitar el monopolio de los supermercados y a sus grandes proveedores, impulsando, por ende, a medianas y pequeñas empresas a que vendan sus productos en los supermercados, las tiendas de conveniencia, los grandes almacenes. Con esa ley, se obliga a que a todas aquellas pequeñas y medianas empresas se les brinde un espacio en las grandes corporaciones para que puedan poner sus productos a la venta; lo cual permitiría potenciar a esas empresas que, normalmente, por lo diminutas que son, tienen mínimas posibilidades de crecimiento y, sobre todo, de subsistencia. Por ende, con esas leyes se pretende proteger los derechos, en este caso, de los más débiles. El problema que existe con este tipo de medidas legislativas es que no cuentan con la anuencia de los organismos internacionales; los mismos que, en los últimos años, se han encargado de imponer las leyes en México. Tal es el caso actual de la discusión en la cámara de senadores sobre la reforma a la ley federal del trabajo para penalizar las empresas outsourcing.