A cuatro meses de pandemia, pareciera que las políticas públicas económicas y fiscales se encuentran más que rebasadas en México, pues iniciaron dictando que no pasaba nada con la pandemia y que las grandes corporaciones transnacionales estaban pagando millones de pesos de impuestos que tenían pendientes y guardados en algún cajón de sus escritorios; lo cual, supuestamente, reforzaba la economía nacional, aunque sea algo que no lo creen ni los antiguos sobrinos de “Chabelo”. Luego, declaraban que “se acabó la fiesta” para los denominados “vende facturas” y, con ello, se inauguraba una persecución sin precedentes con la que se dio paso a enlistar a las empresas evasoras y terminó, por el momento, con la cooperación solicitada a los servidores públicos bajo el principio de: “lo que sea su voluntad”. Lo cierto es que todo ha sido un tratado de cómo fomentar la evasión fiscal a nivel callejero por todo el territorio nacional.

No hay que inventar nada ni hacer grandes investigaciones, tesis o doctorados, menos aún —a decir del titular del ejecutivo— “estudiar mucho en el extranjero”, para darse cuenta de que precisamente todo lo que el Estado mexicano ha realizado ante la pandemia respecto del tratamiento de las contribuciones y el pago de las mismas por los contribuyentes no ha servido sino como una serie de recetas para fomentar la evasión fiscal sin precedente en el país. Efectivamente, no se requiere de muchos estudios, para darse cuenta de que lo peor en la economía nacional apenas viene.

Para muestra un botón: el régimen de arrendamiento en este país, sobre todo de personas físicas, es de los más vigilados por las autoridades fiscales, además de los que mayor recaudación de impuestos produce, bajo el sistema neoliberal denominado “deducción ciega”. Sin embargo, hoy, con los centros comerciales cerrados, con los centros históricos de las ciudades clausurados; hoy, cuando la gran mayoría de las actividades no son consideradas “esenciales” en las disposiciones de la secretaría de salud y, por ende, desde hace ya cuatro meses están cerrados restaurantes, locales comerciales, papelerías, tiendas de ropa, boutiques, fábricas, talleres, etcétera, es evidente que era necesario que el gobierno mexicano implementara —sin la necesidad de sustentarse en estudios del extranjero— un subsidio o apoyo a ese régimen de arrendamiento, porque muchos de estos contribuyentes tienen créditos bancarios, gastos fijos para el mantenimiento de edificios, casas, centros comerciales, plazas, etcétera. Por ello, era urgente una serie de reglas que permitieran el diferimiento de impuestos, la disminución de tasas impositivas de ese régimen; pues, de lo contrario (es decir, como sucedió), no hay posibilidad alguna de que los locatarios, es decir, los arrendadores mantuvieran los locales, las casas, las oficinas, etcétera, ya que no hay margen de reducción de las rentas en estos tiempos de pandemia. Como consecuencia de ello, hoy hay desalojos, recesión de contratos de arrendamiento, abandono de locales, etcétera, a la orden del día. Por ello, en cualquier ciudad, el paisaje es muy claro: locales vacíos, en renta e incluso de “inmediata entrega”.

Debido a la ausencia de reglas para disminuir y diferir el pago de impuestos de los arrendadores, la consecuencia es obvia: el desalojo de miles de locatarios que dejaron de pagar sus rentas y, por ende, arrendadores que dejaron de pagar sus impuestos. Todo esto no es más que un efecto domino, puesto que, por ese desalojo, pequeños contribuyentes y negocios —al dejar sus domicilio fiscales y establecimientos o sucursales—, lejos de hacer un aviso de cambio de domicilio fiscal oficial, se declaran en suspensión de actividades o dejan a la deriva sus obligaciones fiscales y, entonces, no solo el arrendador dejó de pagar impuestos, sino que los arrendatarios se las ingeniarán para, de la misma forma, dejar de pagarlos: recluyéndose en sus casas, con domicilios compartidos, talleres clandestinos, etc. Todo por no haber la conciencia suficiente en quienes dictan esas políticas públicas impositivas para observar la necesidad de reducir los impuestos, de otorgar estímulos y subsidios fiscales. En fin, lo que está sucediendo en México es exactamente lo contrario, esto es, se han cimentado sencillos pasos para fomentar la evasión fiscal.