En la tercera semana de este mes de julio de 2020, ante la crisis económica y, principalmente sanitaria que está azotando al mundo con la pandemia, resulta que la presidencia de México informó sobre la presentación de una iniciativa de reforma al sistema de ahorro para el retiro debido a lo limitados e insuficientes que están los recursos. Así, se sacó a la luz pública la necesidad de aumentar los montos en las cuentas de los trabajadores con la finalidad de que tengan una forma honesta de vivir en el final de sus vidas.

Desde luego que esa iniciativa (que al parecer se ha presentado en el congreso de la unión) parece más un grito desesperado del Gobierno federal que el buen propósito de dar más derechos a los trabajadores, pues lo cierto es que, con todo lo que ha sucedido en estos cuatro meses en relación con la forma de enfrentar los efectos de la pandemia en la economía de la nación: partiendo desde la incredulidad desdeñosa de algún efecto negativo en la economía por este confinamiento, una vez que el gobierno se topó con la realidad, éste se ha visto rebasado a tal grado que la medida tomada es no inmiscuirse en el devenir económico. Por ende, un gobierno que se dice de izquierda está tomando una postura de extrema derecha; lo cual da la apariencia de que el rumbo se ha desviado.

Ahora bien, de lo poco que se puede saber de esta iniciativa de ley que se robó las noticias es que a quien le corresponderá la mayor carga económica para el aumento de los fondos de ahorro para el retiro es a los patrones, pero dentro de dos años. Por ello, muchos de los titulares de las cámaras y representantes de los propios patrones lo vieron —al parecer— con muy buenos ojos, como se apreció en los medios masivos de comunicación. Sin embargo, en el fondo es evidente que miles de patrones no tendrán la capacidad económica para hacer frente a ese aumento de las aportaciones patronales, ni en dentro de dos años ni después. Es una noticia que pondrá en alerta a la generación de fuentes de empleo. Lo que quizás no sepan muchos es que las buenas caras de los empresarios que estuvieron satisfechos con esa iniciativa o bien, ya no son empresarios, son simples inversionistas y, por ende, ya no cuentan con trabajadores, o en su caso, son de los que promueven los esquemas denominados outsourcing.

Y es que el aumento de las contribuciones a los patrones por el simple hecho de contar con trabajadores es una invitación atenta a esos esquemas de planeación fiscal y a las denominadas outsourcing, que fueron las que ocasionaron la poca recaudación de la nación, según dice todas las semanas la presidencia de México. Aumentar de esa forma tan intempestiva las aportaciones patronales da a entender que el principal promotor de esos esquemas proviene del Palacio Nacional, además es una muestra de que en esta administración pública (que cada día va descontando sus minutos de vida) el enemigo principal son los patrones.

Los dos años que se establecen en la iniciativa de ley para aumentar la recaudación para el sistema de ahorro del retiro no tienen una razón apropiada, salvo que las elecciones intermedias ya hayan transcurrido y que, por tanto, dentro de dos años (si a México y a su población les alcanza), estaríamos entrando al final de este sexenio. Por ende, el criterio para que el incremento del más del 100 % de esas aportaciones patronales inicie en los próximos dos años es electoral, pero sin ningún sustento racional.

Y es que, de aprobarse la iniciativa de ley, desde luego, se formaran miles de amparos y serán presentados por igual cantidad de patrones, pues es evidente que no se puede incrementar las contribuciones a más del 100%, como se pretende que así suceda. Es indudable que ella contraviene el principio de proporcionalidad de las contribuciones. Es más, sin la necesidad de contar con jueces doctos, simplemente con que haya cierto criterio y sentido común, en un Estado de derecho se determinaría que esa reforma resulta contraria a este principio.

Lo cierto es que cada día se agudiza más la crisis del Estado de derecho en México, pues así como en materia de seguridad pública: en lugar de aplicar medidas menos fantasiosas, se reforman las leyes penales para aumentar las penas y ampliar los hechos delictivos; de esa misma forma sucede con la materia recaudatoria: entre más exigente, costosa y complicada es, provoca muchas válvulas de escape. Lo que ha sucedido con esta reforma fiscal es que los aplausos son para la presidencia y la carga y obligaciones para los patrones; es decir: «se hace caravana con sombrero ajeno».