Viernes, 18 de Septiembre del 2020
Martes, 11 Agosto 2020 02:51

Abandono de domicilio fiscal por COVID-19: ¿no localizado?

Abandono de domicilio fiscal por COVID-19: ¿no localizado? Escrito Por :   Silvino Vergara

«Yo nunca tuve que ver nada con esto. Mi trabajo era observarlo e informarlo». Adolf Eichmann


 

Cada día se ve más la desesperación. Debido a que este año 2020 en México, la recaudación fiscal ha caído dramáticamente (lo cual es un hecho notorio, no se requieren prueba alguna para demostrar que se han cerrado empresas, negocios, locales comerciales, puestos de pequeños contribuyentes, plazas comerciales, etc.; basta con salir a la calle para darse cuenta de eso), las autoridades fiscales se ven en la urgencia de justificar su trabajo —lo que es distinto a cumplir con sus obligaciones—. Por ende, se entretienen, por ejemplo, verificando domicilios fiscales, ¡en pleno tiempo de confinamiento! lo cual traspasa cualquier frontera del sentido común y cae en lo absurdo. Pese a esto, desafortunadamente, está pasando gracias a que los altos cargos de las instituciones gubernamentales, una vez nombrados y protestando la Constitución, ya no vuelven a pisar la realidad; por lo cual, sus instrucciones están desconectadas de las calles, los campos y caminos de la población común.

 

Así, en pleno confinamiento, se realizan verificaciones de domicilios fiscales, cuando muchos, pero muchos de los negocios, o están cerrados o han tenido que dejar locales, despachos, bodegas y talleres por falta de pago, por retrasos, etc. Por ende, cuando la autoridad acude, claramente, no hay persona que la atienda, no está el representante legal debidamente acreditado, mucho menos se cuenta con la documentación necesaria que requiere el verificador de la autoridad fiscal (quien, por cierto, es un ser humano echado a su suerte y a contaminarse el que levanta un acta que no le entrega a nadie, salvo a su jefe, y quien sostiene enfáticamente que ha cumplido con su trabajo, pues, en el recorrido que le tocó ese día, descubrió que hay muchos contribuyentes que ¡abandonaron sus domicilios fiscales!, como si esto hubiera sucedido por causas propias; razón suficiente para que su jefe, sentado en su cómodo sillón o haciendo el denominado home office, grite: ¡que se aplique la ley!)

 

Así, entonces, en caso de haber créditos fiscales, se realizan embargos por medios electrónicos de cuentas bancarias, predios, vehículos, cuentas por cobrar; publican a los contribuyente como no localizado, además de que pueden ser sujeto de responsabilidad solidaria y penal. Pero así está cumplida la obligación en el trabajo. La autoridad fiscal, con estos procedimientos —a decir de las conferencias matutinas—, está persiguiendo a los contribuyentes incumplidos, quienes, por cierto, también resultan ser los «malos mexicanos». Es a esto a lo que se le denomina: cumplimiento del deber.

 

Pues bien, han pasado 75 años de la segunda guerra mundial, donde los soldados y miembros del ejército nazi cumplían de la misma forma con su deber: deteniendo judíos, escogiendo a los aptos para el trabajo y transportando a los campos de concentración a los que no lo eran. En ese recorrido, la participación fragmentada de todos los involucrados —como magistralmente lo denunciaron Zygmunt Bauman, Primo Levi o Hanna Arendt— hacía que nadie fuera responsable del genocidio final; pues unos eran los que los detenían, unos más los separaban, otros los que los  transportaban y, así, hasta llegar a la muerte de seis millones de personas. Resulta que, aunque todos participaron, nadie fue responsable; respecto de lo cual, se han escrito y escrito libros, tesis, doctrinas, ensayos denunciando la situación de irresponsabilidad de la responsabilidad. No obstante, a 75 años de lamentables sucesos, se sigue haciendo lo mismo; posiblemente en otras dimensiones, pero es exactamente lo mismo: la responsabilidad del sujeto irresponsable.

 

En los tiempos de este siglo xxi, bien debería haber una imposición de responsabilidad a los servidores públicos por las verificaciones de domicilios fiscales; pues el primer paso de una muerte lenta para cualquier ciudadano son todas las consecuencias fiscales e, incluso, penales. Es cierto que hay leyes que sancionan este procedimiento, pero el problema es que ningún ciudadano lo denuncia, y la razón es muy sencilla: se inicia toda una tramitación, administrativa y después judicial, interminable, a la que nadie pretende dar seguimiento. Por ello, se queda en simples impulsos, en intenciones de llevar a cabo. El sistema está para que estos procedimientos no avancen y procedan, solamente en algunos casos muy especiales.

 

Lo que está sucediendo es que no nos hemos percatado de que estamos en las mismas condiciones que lo sucedido hace más de 75 años en el planeta; y la desventaja actual es que, si bien está sucediendo lo mismo, no hay cabida para una propuesta distinta.

 

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