Se ha sostenido que la democracia camina por una cuerda floja porque si da un paso en falso hacia un lado, cae en la «tecnocracia», que es el gobierno de los científicos, y si lo da hacia el otro, cae en la «oclocracia», que —a decir de Enrique Dussel— es el denominado «populismo» (Carta a los indignados, México, La Jornada Ediciones, 2011), es decir, el gobierno de las decisiones acaloradas, «populacheras», las que se toman sobre las rodillas sin conocer cuáles son las consecuencias y con la finalidad de que quien ostenta el poder «caiga bien» a la generalidad de la población, a pesar de que las medidas sean incorrectas, torpes o acarreen enormes daños y consecuencias. El concepto de populismo es —a decir del profesor Atilio Boron—: «El término populismo tiene una larga historia y es bien sabido que no se originó en nuestro continente. Su génesis se encuentra en los debates políticos de la Rusia zarista. En 1894 Lenin escribió su obra ¿Quiénes son los “amigos del pueblo” y cómo combaten a la socialdemocracia?, introduciéndose de lleno en el debate de la época contra […] los populistas rusos» (Bitácora de un navegante [libro digital PDF], Buenos Aires, 2020, en biblioteca.clacso.edu.ar).

Precisamente, hoy estamos ante un suceso lamentable que consiste en la decisión de la Corte el pasado 1 de octubre de 2020. Con ella, resolvió sobre la procedencia y la constitucionalidad de la consulta formulada por la administración pública federal para que los expresidentes sean juzgados por sus responsabilidades. Lamentable, porque es evidente que, si hay responsabilidad (sobre todo penal) y no ha prescrito acción penal alguna, hay que juzgar a quien sea (incluidos los presidentes y expresidente), esté de acuerdo o no la población. Esta es una responsabilidad de las instituciones del Estado y no deben ser ocurrencias del día ni menos deben ser tomadas como simples medidas de la oclocracia.

Lo que sucedió es que la Corte siguió la inercia de la consulta y la aprobó con una modificación (ahora más compleja la pregunta), y se pondrá en manos de la población. Así, el cuestionamiento ya no tratará sólo acerca de los presidentes anteriores del país, sino en general de los funcionarios públicos anteriores. Ahora bien, esto puede caer en muchas imprecisiones. Por un lado, puede ser tomado como una broma lo que se está proponiendo y puede llevar a absurdos como, por ejemplo, pedir que se juzguen a Santa Ana y a Porfirio Díaz, quienes nunca fueron juzgados por sus políticas públicas en sus gobiernos; pero también que se haga lo propio con Luís Echeverría, expresidente que aún vive y a quien se le ha imputado la responsabilidad por los sucesos del 2 de octubre de 1968, principalmente, por el denominado «halconazo» de un jueves de Corpus Christi, cuando, en Ciudad de México, mataron a estudiantes universitarios.

El problema ahora será que todo se pueda volver una consulta, aunque no debería de suceder así. Pero la Corte ya marcó el precedente al respecto como si los juicios por responsabilidades de cualquier servidor público (y de cualquier sujeto en general) fueran decisiones populares. Por ello, también hay que saber cuál es la consecuencia de las decisiones judiciales. Y éstas, muchas veces, los jueces, sentados en sus confortables oficinas, no las dimensionan, además de por la poca instrucción que reciben en las escuelas y universidades, en donde nunca se analizan las decisiones judiciales o se pasa de largo la materia de sociología jurídica. Por ello, resulta muy común que se dicten sentencias en los juzgados y tribunales en las que se nombra como albacea a un muerto, donde se suspende la demolición de un edificio ya demolido, se le absuelve de responsabilidad a un fallecido, se le otorga la libertad a un sujeto ya fugado, se ordena el embargo de bienes que ya no existen, etc. Verdaderamente, habría que preocuparse mucho por esta decisión; la cual, finalmente, es la respuesta del poco amor por la profesión y, más aún, del poco interés en legitimar las instituciones de una nación, como debería hacer, precisamente, el más alto tribunal de un país.