Muchos votamos por la necesidad de cambiar el país, para —como se le denominó— «transformarlo», porque (simplemente para recordar) al final del sexenio pasado estábamos en una situación verdaderamente insostenible respecto de los movimientos turbios, la corrupción, el uso de las instituciones del Estado para hacer negocio, la falta de credibilidad de la población sobre su gobierno, de nuevo la corrupción, la inseguridad pública, los delitos denominados de «alto impacto» y, nuevamente, la corrupción. Ahora bien, nosotros los ciudadanos de a pie podemos hacer una evaluación de lo que ha sucedido en dos años del nuevo gobierno (porque en esta semana del 1 de diciembre de 2020 ya se cumplen los dos años de la nueva administración pública), considerando que ya está llegando a una mayoría de edad, como para saber en dónde estamos parados y, principalmente, hacia dónde vamos.

Y si pretendemos hacer una evaluación, ésta debe ser distinta a las subsidiadas, tal como lo son las calificaciones de los alumnos en las primarias oficiales (heredadas por administraciones pública pasadas), en las que está prohibido reprobar a un alumno; razón por la cual se subsidia la calificación y, así, el alumno llegue, incluso, a una carrera profesional con calificaciones artificiales para que, en la vida profesional, se las arregle como pueda. Así, sin tomar en consideración un criterio subsidiado de la calificación de dos años de administración pública, muchos de los que votaron por ese cambio inminente podrían preguntarse si esta administración podría salvar la calificación, aunque sea «de panzazo».

Si partimos de que una de las propuestas era la desconcentración en Ciudad de México de las Secretarías de Estado, vemos que no ha sucedido; no hay ni vislumbres para que esto suceda en un corto plazo, a causa, entre otras cosas, de que los costos para ello resultarían exorbitantes. Por ello como que se ha quedado en el tintero tal planteamiento. Por su parte, la verdadera transformación del país debió iniciar con dos materias fundamentales: una para el futuro y otra para darle sustentabilidad económica a los cambios del país.

La primera debió ser una reforma sustantiva a la educación, lo cual no ha sucedido y, por lo que se ve, no sucederá (menos con el problema de la pandemia). Por ende, puede suceder que, si no se apuran, este será otro sexenio perdido en materia de educación, y no podremos apartarnos de una educación instrumental, meramente operativa, que es la que tenemos actualmente, ni pasar a una educación más reflexiva para las nuevas generaciones.

El otro cambio sustancial y urgente para una verdadera transformación en el país era el fiscal o tributario. Se debió hacer un congreso nacional tributario donde participaran tanto los contribuyentes como las entidades federativas; pues es claro que el sistema tributario con que cuenta el país no tiene nada que ver con uno federal; por el contrario, es un sistema totalmente centralizado. Por lo que los gobiernos están quebrados y todas las reacciones que se han suscitado en los últimos meses han sido por la incapacidad de la federación para mejorar los criterios en la distribución de los recursos económicos a los Estados; lo cual no tendría preocupación alguna si se modificara el sistema tributario centralista que hay.

Pero eso no es nada. Por lo que hace a los derechos de los contribuyentes, bien valdría que los actuales altos mandos en la hacienda pública se enteraran de que: «los derechos de los contribuyentes también son humanos», pues pareciera que no les interesa cómo le vaya a un contribuyente mediano, pequeño y micro. El sistema es totalmente arbitrario, inequitativo, inconstitucional, pero se ha blindado así, muchas veces por complacencia del Poder Judicial y, otras, por simple ignorancia de los jueces. Y, de este modo, es un sistema que provoca, ante la incapacidad de los tribunales de resolver esas inconstitucionalidades, la creación de los sistemas de empresas fantasmas y las outsourcing, que son las salidas que los contribuyentes encuentran en primera instancia para, simplemente, sacar a flote sus actividades económicas y sobrevivir en un sistema totalmente corrupto, herencia de la hacienda pública, y respecto del cual esta administración pública no ha hecho nada; por el contrario, las últimas reformas fiscales van encaminadas a tratar al contribuyente como un no humano, es decir, como un sujeto sin derechos.

Otros cambios que se han dado —se podría decir— no son más que buenos propósitos, que nadie puede negar, pero que no han resuelto nada. Por ejemplo, el cambio de denominación de algunas instituciones del Estado es estéril, el hecho de que no se use suntuosamente la casa de los Pinos no representa, para la población, casi nada, en medio de una pandemia en la que, económicamente, la administración pública gritó «¡sálvese quien pueda! En consecuencia, nos hemos quedado en decisiones que parecen simples ocurrencias del momento, que no resuelven los problemas centrales del país; en las mañaneras, que cada día parecen más una clase improvisada de segundo año de preparatoria. Mientras tanto, se legaliza, de cierta forma, el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y, por cómo van las cosas, el consumo de marihuana. Todas ellas ocurrencias globales de los partidos de izquierda, pero que son solamente eso, porque no resuelven nada; al contrario, podrían causar más perjuicios que beneficios. Por otro lado, en el contacto y la relación que tenemos con el vecino del norte, nos hemos visto, muchas veces, como serviles mayordomos. En resumen, para esta primera evaluación: ¿ni «de panzazo»?