Jueves, 09 de Julio del 2020
Martes, 28 Abril 2020 02:08

¿De verdad, una nación requiere tantos jueces y abogados?

¿De verdad, una nación requiere tantos jueces y abogados? Escrito Por :   Silvino Vergara

"El país está harto de juristas científicos”. Julius Hermann von Kirchmann


 

Debido a la pandemia mundial, se implementaron medidas como las de frenar y suspender actividades que —a decir de las instituciones oficiales— no son esenciales para mantener la vida en sociedad, principalmente, de manera pacífica. Dentro de esas actividades que se han quedado paralizadas, está la de los servicios que otorgan los poderes judiciales de los Estados y, desde luego, el poder judicial federal, así como los demás órganos que administran justicia. Una decisión con el fin de no causar la propagación de la enfermedad. Ahora bien, a cinco semanas de la pausa a los trabajos de esas instituciones, en verdad pareciera que esas funciones jurisdiccionales no son tan esenciales para mantener la convivencia en una sociedad; por ende, se puede hacer la pregunta: ¿de verdad, una nación requiere tantos jueces y abogados?

 

Resulta que dentro de los estudios universitarios con un mayor número de reclutamiento de alumnos es el de la licenciatura en derecho. Cualquier universidad, prácticamente, en cualquier rincón de la nación, por muy modesta que sea, cuenta con estudios de derecho. En cualquier parte de las principales ciudades hay academias, colegios, instituciones que brindan estudios de derecho. Por su parte, el poder judicial, que —a decir de la teoría— es el más técnico de los tres poderes, tiene como función básica la de administrar la justicia. Así, todos los gobiernos han procurado aumentar el gasto de sus órganos, mejorando las prestaciones de los servidores públicos de esas dependencias, con el fin de brindar un mejor servicio y una más eficiente administración de justicia.

 

Existen gastos, a veces excesivos, en conferencias, congresos, cursos, seminarios, que se organizan sobre puntos y controversias jurídicas, en los que participan académicos, investigadores, jueces, ministros que disertan grandes ponencias respecto de puntos de debate jurídico. Hoy, con esta pandemia mundial, todo ello ha quedado para mejor ocasión; en ciertas otras ocasiones, algunos se han refugiado en la tecnología de la información para poner en relieve la importancia de las instituciones jurídicas del Estado, la interpretación de los derechos humanos, la naturaleza de los mismos; pero, sinceramente, todo eso resulta verdaderamente estéril en estos tiempos.

 

Dentro de muchos de los estudios y resultados que se tendrán en su momento por lo que está sucediendo con esta pausa a la actividad económica, laboral y social, estará el del papel que hayan jugado los tribunales, juzgados, órganos de administración de justicia durante este periodo de aislamiento de las personas. Dicho esto, pareciera que el resultado será, dramáticamente, que los órganos del poder judicial y de los demás órganos de impartición de justicia no fueron, en verdad, necesarios durante todo este tiempo de aislamiento.

 

El sistema puso a prueba, en estos momentos, una forma de convivencia en la que hay una considerable disminución o, bien, la total ausencia de las instituciones jurisdiccionales, muchas de las ocasiones incluso molestas para el propio sistema, pues impide su propio crecimiento feroz. Prueba de ello la tiene la historia, como es el caso de esa leyenda del siglo XIX, que rezaba: “Aún hay jueces en Berlín”, haciendo alusión a una decisión de un juez para suspender la expropiación arbitraria de las propiedades de un molinero de un príncipe déspota y autoritario.

 

Lo cierto es que, permanentemente, el sistema rechaza la función jurisdiccional y el papel de los jueces, los fedatarios públicos y, desde luego, los abogados. A todos estos los quiere lo más alejado posible del propio sistema, porque, normalmente, son el contrapeso. Para prueba de ello, vemos por qué el sistema se ha encargado de crear instituciones en donde la última alternativa para cualquier ciudadano con algún problema sea acudir a un juez y que, por el contrario, sea la administración pública la que acapare la mayor parte de las decisiones que pudieran causar más daños al propio sistema.

 

Es evidente ese rechazo y aislamiento al poder judicial. Por ejemplo, cuando un simple ciudadano tiene un problema con las instituciones financieras, primero, acude a una autoridad administrativa (Condusef); en el caso de algún problema familiar, primero están los órganos de asistencia social y al final los juzgados competentes de esa matera; lo mismo sucede con un problema comercial, inmediatamente, está una autoridad administrativa (Profeco); y así podemos seguir hasta llegar a los problemas fiscales, donde, primero, hay un órgano administrativo (Prodecon) y, luego, los tribunales administrativos. Es más, hasta en los casos más fuertes de violencia, aparecen las comisiones de derechos humanos y, por último, un juzgado o un tribunal. Evidentemente, el sistema no quiere al propio poder judicial, menos aún a los abogados.

 

Pero el principal problema es que los abogados, fedatarios públicos, jueces, magistrados y ministros, en su gran mayoría, no se han enterado de esa problemática, no conocen que lo que brindan a la sociedad es esperanza de vida, esperanza de un mundo mejor y que esa esperanza es precisamente lo que se denomina en el derecho como “seguridad jurídica”, que es, precisamente, hacer previsible las consecuencias del comportamiento de cada persona. Por ello, resulta imprescindible la función del poder judicial, más aún en tiempos de pandemia. Sin embargo, ¿cómo se podrán cerciorar de eso los propios abogados, jueces, magistrados y ministros, si la gran mayoría no conoce de la trascendencia de su profesión, si vive en la comodidad de un sillón, si está esperanzada en la quincena que Dios le otorgó, si vive burocratizada en el análisis de un párrafo de la ley o de una sentencia, a sabiendas de que no se aplicará esa la ley ni, menos aún, se va a cumplir esa sentencia? Incluso, ¿cómo pueden saber de la importancia de su profesión, si todos ellos prefieren ser nombrados como “operadores jurídicos” y no como abogados, si desconocen —por la incapacidad de muchas de nuestras universidades de mostrarles— que esa es una denominación despectiva para quien estudia la ciencia jurídica?

 

Lo cierto es que es inadmisible que los tribunales, juzgados y demás órganos jurisdiccionales, en uno de los momentos más trascendentes de la vida de la nación, que es esta pandemia; que los integrantes de esos órganos, los abogados y los fedatarios públicos estén viendo pasar el tiempo, cuando en la calle se ha desatado el peor momento de inseguridad pública, cuando —lo dicen las propias estadísticas— se han incrementado los homicidios violentos, las desapariciones de personas, los robos de negocios, los saqueos a tiendas, fábricas y oficinas; cuando los empleados están parados sin recibir salario o, bien, despedidos sin alternativa alguna, y cuya respuesta de los órganos jurisdiccionales es que los días son inhábiles; es inadmisible esta detención cuando las autoridades fiscales siguen realizando sus actuaciones embargando, notificando y dando de baja los servicios de seguridad social a los empleados de las outsourcing en esa batalla ciega del sistema contra esas empresas, cuando los servicios de seguridad social, los hospitales ni las clínicas atienden a personas que no son víctimas de la pandemia. En tanto, los juzgados, tribunales, órganos jurisdiccionales se encuentran paralizados por el miedo, no a la pandemia, sino a su capacidad de respuesta.

 

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