Ni reuniendo todos los convenios publicitarios del morenovallismo se pudo contener la crisis que desató el homicidio de un infante.

 

Fue la gran crisis de aquel sexenio y solamente una parte de la prensa poblana dio fiel cobertura a los hechos del 9 de julio de 2014.

 

Evidentemente no se trató de un crimen doloso, pero sí fue un homicidio resultado de la política represora, autoritaria y visceral, encarnada en la llamada “Ley Bala”.

 

Esa actitud de represión policiaca, aunada a la falta de capacidad operativa y la ausencia de una verdadera coordinación en seguridad pública, desembocaron en ese crimen.

 

Si bien el proyectil que acabó con la vida del pequeño José Luis no fue disparado con la intención de ultimarlo, el dolo vino después en el proceder opaco, parcial y tendencioso del entonces fiscal Víctor Carrancá Bourget y de todo el aparato de seguridad y procuración de justicia.

 

El dolo también apareció en figuras de la política, que abiertamente convirtieron el crimen en un “show”, un espectáculo de infame lucro.

 

En la campaña de 2016, hasta Blanca Alcalá se fue a reunir con la madre del pequeño José Luis Tehuatlie Tamayo, únicamente para tomarse la fotografía. Representante de una política vil y denigrante, la priista utilizó Chalchihuapan para tratar de levantar una campaña que nació muerta.

 

En horas recientes, se dio a conocer que se reabrirá el caso.

 

Después de seis años de infamia, se asoma la posibilidad de justicia.

 

En horas recientes, la señora Elia Tamayo acudió a la Fiscalía General del Estado a denunciar al ex fiscal Víctor Carrancá Bourget; al ex jefe de oficina del Gobierno del Estado, Juan Pablo Piña, y al ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

 

Estamos ante la oportunidad histórica de reabrir un caso que representa todo el encubrimiento operado por un régimen político.

 

Este es el momento para que Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), deje a un lado sus cortes gourmet y se sume a la exigencia de justicia, algo que no hicieron sus antecesores.

 

Tal vez sea pedirle peras al olmo, porque, como ya está visto, la titular del órgano defensor de los DDHH no sabe ni dónde está parada.

 

Pero este tema es una enorme prueba para la fiscalía poblana y puede constituirse en un proceso penal de trascendencia histórica.

 

Estaremos atentos.

 

Miscelánea poblana.

 

Observaciones a la “Tremenda Comisión de Gobernación”.

 

 

El día de ayer la “Tremenda Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales”, fiel émula de La Tremenda Corte de Tres Patines, presentó una lista de los “regidores” propietarios y suplentes que habrán de conformar el nuevo órgano de gobierno de Tehuacán.

 

Sólo le recordamos a la diputada Rafaela Vianey que los miembros de un Concejo Municipal no son “regidores” sino concejales. Ojalá estudie mejor la figura jurídica que está promoviendo.

 

Ayer, en su conferencia de prensa, el gobernador Barbosa Huerta tuvo que explicar por qué la comisión no incurrió en “Desacato” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

Y el diputado Gabriel Biestro hizo lo propio, ante los muchos vacíos que ha dejado la diputada Rafaela Vianey García Romero.

 

Muy lamentable.

 

Como siempre, quedo a sus órdenes en   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.